La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha recibido, esta mañana en su despacho, de manos del fiscal superior de Extremadura, Aurelio Blanco, la Memoria anual de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma Extremadura de 2015.

Blanco ha trasladado a la presidenta la petición formal de comparecencia ante la Comisión de Administración Pública para informar a los grupos parlamentarios de la actividad de la Fiscalía.

Tras la reunión con la presidenta de la Cámara regional, Aurelio Blanco ha recordado, en declaraciones a los medios de comunicación, que los datos recogidos en la Memoria corresponden a 2014, aunque ha adelantado que para el día de su comparecencia intentará actualizarlos con los del presente año.

Asimismo, el fiscal superior ha explicado que la entrega de la Memoria y su posterior comparecencia se realizan en cumplimiento del mandato recogido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que incluye la obligación de presentarla ante la Asamblea de Extremadura.

Por otro lado, en cuanto a los datos de criminalidad de 2014, Blanco ha resaltado que los procedimientos penales abiertos el año pasado han descendido un 4% en relación con el año anterior.

Además, en cuanto a las principales preocupaciones de la Fiscalía, Blanco ha resaltado los delitos relacionados con la pornografía infantil, el acoso escolar y el abuso a menores de edad. En ese sentido, ha explicado que la incidencia de estos delitos en la Comunidad Autónoma ha crecido en un 3% aproximadamente, pero “más que la cifra concreta, lo que más nos preocupa es que esta actividad delictiva se está derivando hacia las nuevas tecnologías, lo que dificulta su investigación”.

En respuesta a los medios de comunicación, el fiscal superior ha añadido que en relación con la corrupción política la Memoria hace un repaso de los casos pendientes y a su vez alerta sobre la insuficiencia de medios de la Fiscalía para asumir “con rapidez y eficacia estos asuntos”. “Echamos de menos la asistencia de unidades de investigación multidisciplinares que cuenten con policías o interventores de la Administración Pública, por ejemplo, que puedan colaborar en nuestras investigaciones”. La ausencia de las mismas es, en su opinión “lo que viene dilatando principalmente los procedimientos”.

Al respecto, Blanco ha matizado además que en Extremadura “no existe un grupo organizado que se dedique a cometer este tipo de delitos, como ocurre en otras Comunidades Autónomas, si no que se trata de representantes públicos y funcionarios que utilizan su cargo para algo distinto de lo que es el servicio público”.