La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez Morán, pedirá en Madrid, en la LXIII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que el ministerio reforme el Sistema de Garantía Juvenil para que éste sea más eficiente y pueda beneficiar a más personas.

Extremadura solicitará hoy en este foro que sea el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) el que gestione las altas de las personas que se inscriben en el Sistema de Garantía Juvenil y no el ministerio, como hasta ahora.

Además, Esther Gutiérrez pedirá al ministerio que se eliminen los requisitos para que los jóvenes, de entre 16 y 30 años, puedan ser beneficiarios de las ventajas que otorga estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.

Hasta ahora, para ser beneficiario de este sistema, debe haber pasado un mes desde el último contrato de trabajo, así como no haber recibido formación (de más de 40 horas) entre los 30 ó 90 días anteriores al haber formalizado la inscripción, dependiendo de si se trata de formación educativa o para el empleo.

Por eso, la Junta de Extremadura pedirá que estos requisitos sean suprimidos; así se ampliará el número de beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil.

En la actualidad, el SEXPE tiene contabilizados cerca de 30.000 jóvenes en situación de desempleo entre 16 y 30 años, aunque sólo unos 14.000 de ellos forman parte del Sistema de Garantía Juvenil y, de estos últimos, poco más de 7.500 cumplen actualmente los requisitos para ser beneficiarios de las ventajas del sistema.

Con la eliminación de los requisitos y la gestión directa del fichero por parte del SEXPE, el número de beneficiarios del SGJ crecerá notablemente porque el servicio de empleo autonómico convertirá automáticamente a esos casi 30.000 jóvenes desempleados en beneficiarios del sistema.

Entre las ventajas que otorga ser beneficiario del Sistema de Garantía Juvenil está el que esos jóvenes recibirán una acción de formación u orientación en los cuatro meses siguientes a su inscripción en el fichero. Por lo que este sistema garantiza que los jóvenes desempleados reciban una atención más rápida por parte de los servicios de empleo.

Además, en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales la consejera reclamará al ministerio que recupere los niveles de inversión en Políticas Activas de Empleo. En 2011, Extremadura recibió para este fin 108 millones mientras que, este año, el Estado destinará 71,6 millones de euros. Unos fondos que aún no han sido ingresados en las arcas autonómicas.

Por lo que Extremadura, junto a la mayoría de comunidades autónomas, pedirá que se agilice la transferencia de estos fondos que, hasta el pasado 2 de diciembre, no fueron ratificados en consejo de Ministros, obligando a las comunidades a adelantar ese dinero.

Además de estas reivindicaciones, que serán expresadas a la ministra por 12 comunidades autónomas, también se pedirá, de nuevo, que las administraciones regionales dispongan de mayor autonomía a la hora de diseñar y ejecutar las políticas activas de empleo.

Son las comunidades autónomas las que conocen las características laborales concretas de cada territorio y, por tanto, deben tener mayor independencia a la hora de poner en marcha las diferentes actuaciones para mejorar la empleabilidad de los ciudadanos de su región.