En Europa ya hay países que han presentado sus propuestas y de cara a la reforma y están marcando la línea de los debates. Cabe recordar que una nueva Política Agrícola Común entrará en vigor en 2020 y de ella dependen más de 60.000 perceptores en Extremadura. La falta de Gobierno nacional ha retrasado los contactos con las Comunidades Autónomas para fijar la posición española de cara a la negociación de la nueva PAC, pero desde UPA-UCE informamos sobre las reivindicaciones de la organización tras la creación del Grupo de Trabajo que defenderá los intereses de los agricultores y ganaderos extremeños.

El pasado viernes representantes de las organizaciones agrarias se reunieron en la Consejería de Agricultura para definir la estrategia de Extremadura de cara a la próxima reforma de la PAC: “Necesitamos seguir profundizando en la figura del agricultor activo para que el presupuesto llegue a los verdaderos profesionales de la agricultura”. En ese sentido, UPA-UCE apuesta por dar prioridad a la explotación familiar y profesional en las ayudas europeas, además de proponer que el presupuesto de ayudas acopladas llegue al máximo disponible.

Desde hace años venimos reivindicando una PAC más común, que sirva para solucionar los problemas que actualmente tienen los agricultores y ganaderos, como los bajos precios en la práctica totalidad de los sectores: “Está claro que hay que volver a recuperar los mecanismos de regulación de mercados y el principio de reciprocidad cuando se negocien las relaciones comerciales con terceros países”, apuntan.

Asimismo, desde UPA-UCE rechazamos cualquier “recorte de fondos o el trasvase del presupuesto de los pequeños agricultores y ganaderos a los grandes terratenientes”, como ya ha sucedido con la actual PAC.

UPA-UCE propone que se establezca un techo de ayudas por explotación en 150.000 euros: “Si se aplicara este techo se dispondría de 75 millones de euros más para los pagos acoplados”. También apostamos por el establecimiento de una ayuda a las primeras hectáreas, como tienen Francia o Alemania, para paliar la convergencia en las explotaciones profesionales.

Además, UPA-UCE señala que es necesario cambiar el modelo de regionalización actual, ya que se trata de un sistema complicado, injusto y discriminatorio en el que se distribuyen las ayudas en función de la zona donde tengas la explotación y no de lo que produzcas:” Y si no, que se lo pregunten a los productores de regadío de Miajadas, Escurial, Navalvillar de Pela, Campo Lugar, Alcollarín, Madrigalejo y Almoharín; a los que se les ha expulsado de la comarca de Don Benito. O a los tabaqueros del Valle del Alagón”.

Por último desde UPA-UCE recuerdan que el Gobierno de España debe defender la revisión del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP), porque hay que tener en cuenta la realidad de la ganadería extensiva de Extremadura que, ahora mismo, Europa no entiende. El Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) es un coeficiente de obligada aplicación que trata de adecuar a la realidad las superficies de pastos declaradas por los ganaderos, una vez deducidas aquellas partes no acordes como superficie de pastos que recogen los Reglamentos de la Política Agraria Común (PAC). La UE considera que la porción de terreno que se encuentra debajo de cada árbol (en la vertical de la copa) no puede ser considerada como pastos. Por lo tanto, la institución europea calcula que la extensión que tiene derecho a ayudas es inferior a la que se ha pagado y por lo tanto exige la devolución de la diferencia (a Extremadura se le solicita el pago de 79 millones de euros). Nuestro ganado sí pasta bajo los árboles de la dehesa, por lo que reclamamos a Bruselas que reconozca la verdadera capacidad de producción de pasto aprovechable en nuestra dehesa, y esta es una reivindicación que España debe llevar por bandera.

Desde UPA-UCE reiteran que España tiene que presentar una “posición fuerte” frente a las amenazas que se plantean tras el Brexit o la negociación y aprobación de acuerdos de libre comercio transnacionales como el CETA.