El 28 de noviembre, la Directora General de Función Pública, María del Carmen Vicente, convocó a los sindicatos UGT, CCOO, CSEX y SGTEX para negociar los primeros pasos de la macro oferta de empleo público del año 2019.

Fruto de esa reunión los grupos sindicales emitieron sendas notas informativas en las que confirmaban la existencia de 1.622 plazas públicas para su futura libre concurrencia mediante concurso oposición.

Tanto ellos como algunos medios de comunicación regionales anunciaron esta oferta como una medida de estabilización motivada con el fin de reducir la alta temporalidad existente en el sector público.

Sin embargo, desde Piltex señalan que esta convocatoria no está diseñada para “estabilizar” al personal interino y temporal “que actualmente desarrolla sus funciones contratados de forma ilegal respecto a la temporalidad de sus contratos, ya que no mantiene a los y las trabajadoras en sus puestos de trabajo. Está pensada para evitar incumplir a contrarreloj y una vez más, una disposición europea, aquella que insta a las Administraciones a reducir por debajo del 8% la tasa de temporalidad laboral”.

Desde Piltex también denuncian que con la convocatoria de esta OPE la Junta de Extremadura incumple exprofeso las conclusiones de la abogada general de la Unión Europea, Juliane Kokott, en las que tras analizar el abuso de temporalidad de un trabajador de la Comunidad de Madrid recomienda al Tribunal de Justicia que “…para sancionar adecuadamente la utilización abusiva de sucesivos nombramientos de carácter temporal y eliminar la consecuencia de la infracción del Derecho de la Unión no basta con convocar procesos selectivos de libre concurrencia cuando el acceso a una relación de servicio fija, derivado de la superación del proceso selectivo por la persona que haya sufrido el uso abusivo de tales nombramientos sucesivos, sea imprevisible e incierto y la normativa nacional pertinente no establezca ninguna otra medida sancionadora”.

La Asociación indica que en Extremadura no la hay y que, por tanto, las oposiciones que la Administración General de nuestra comunidad quiere convocar nacen “ilegales. E ilegales significa, por desgracia y una vez más, que las consecuencias de esta decisión las pagarán las personas que concurran a los procesos selectivos y en última instancia los extremeños y extremeñas a través de las arcas públicas, pues las sanciones que se presumen para indemnizar
al personal cesado tras las oposiciones se cifra en varios millones de euros”.

Piltex aconseja que en la actual situación en que se encuentran las administraciones públicas del Estado, de las CC.AA y de los Ayuntamientos, y con el agitado panorama judicial en el que prácticamente se suceden a diario sentencias relativas al personal interino y temporal, lo más razonable sería esperar a primeros de año, hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicte sentencia sobre el asunto de la temporalidad de los empleados públicos, tal y como ha hecho recientemente la Diputación de Sevilla, para tomar decisiones sobre los procesos selectivos de empleados públicos.