Desde PIDE, Sindicato de la Pública, están indignados con las propuestas de supresión de unidades y plazas de docentes en los centros de Educación Pública que está haciendo la Inspección Educativa tras aplicar las órdenes de los responsables de la Consejería de Educación.

Desde muchos centros les manifiestan su temor por estos recortes, preocupación que comparten desde PIDE. La propuesta de la Inspección es un estudio técnico que debería “negociarse en la mesa sectorial correspondiente, no habiendo existido nunca dicha negociación en lo referente a plantilla funcional. Es más, hay que tener en cuenta que últimamente las aportaciones que los sindicatos hacemos, en diferentes negociaciones, son ignoradas en casi su totalidad. Siendo las cosas así, mucho nos tememos que el recorte de plantillas para el próximo curso batirá todos los récords y supondrá una pérdida de oportunidades para nuestro alumnado».

La Inspección Educativa, aplicando criterios estrictamente técnicos, ha propuesto, por ejemplo, la supresión de 14 profesores en el IES Maestro González Korreas (Jaraíz de la Vera) y 11 en el IES Ágora (Cáceres).

Esta reducción de plantilla docente para el próximo curso supondría una merma muy lesiva para los centros educativos, para la calidad de enseñanza y para los funcionarios docentes de carrera que serán suprimidos o desplazados, así como para los interinos que se quedarían en la calle, empeorando en muchos otros casos sus perspectivas de conciliación familiar y laboral.

Mientras que esto ocurre en los centros públicos, los centros privado-concertados tienen ratios a la carta, de tal forma que para los centros concertados no se aplican los criterios técnicos estrictos que sí se aplican en los centros públicos para reducir unidades. Así nos encontramos que en la localidad de Montánchez (Cáceres) la administración permite ratios de 8 alumnos en el centro privado-concertado Santo Ángel, mientras en Montijo el CEIP Príncipe de Asturias (público) pierde una línea de infantil (que supone la pérdida de 2 puestos de trabajo); sin embargo, al colegio concertado de la localidad, Santo Tomás de Aquino, se le baja la ratio para que no sufra alteraciones, redundando en un agravio comparativo sangrante.

Cuando la Inspección educativa advierte que un centro público tiene grupos con ratios bajas, inmediatamente funde grupos para elevar la ratio, suprimiendo unidades; sin embargo, cuando esto mismo ocurre en centros privados-concertados, el criterio es más laxo, permitiendo grupos con ratios reducidas. Por ejemplo, en Valverde de Leganés se permite al centro concertado Cristo Crucificado ratios separadas con grupos de 14 y 9 alumnos o al centro concertado Cristo Rey y San Rafael, de Talarrubias, ratios de 9 y 6 alumnos. Estos son, tan solo, unos cuantos ejemplos; porque esta realidad lesiva para lo público y beneficiosa para lo concertado se repite en la práctica totalidad de los centros.

La intención de recortar unidades solo en la Educación Pública, adquirió su cenit con el cierre del CEIP El Cristo de Villanueva de la Serena, manteniendo el concierto educativo con el Colegio privado-concertado San José. La red pública de Villanueva de la Serena es suficiente para abarcar la demanda de escolarización de la localidad. Sin embargo, la Consejería en vez de suprimir el concierto al centro privado, aniquiló el centro público. Desde PIDE consideran que este tipo de actuaciones podrían ser constitutivas de un presunto delito de malversación de fondos públicos.

Desde PIDE opinan que «todo esto llega en medio de la pandemia que debe generar de cara al próximo curso una organización escolar distinta, que dé respuesta real a las necesidades de todo el alumnado, para la que se necesitaría un aumento de plantilla no un recorte sangrante y así poder atender a la diversidad  desde grupos más pequeños de alumnos, respetando por otro lado las medidas de distanciamiento personal que en septiembre estarán aún vigentes, sin previsión posible al respecto de su duración.

Atentar contra lo público es socavar el pilar en donde se asienta la sociedad igualitaria y democrática. Si esto, además, lo hace un gobierno que se dice de izquierdas y que debería defender, según sus preceptos ideológicos, la igualdad de oportunidades, la protección de lo público y la lucha contra los privilegios, vemos que la desideologización se ha convertido en la forma de gobierno».