Una vez confirmado en la Mesa General del lunes, día 19 de octubre, que se subirá el 2% en la nómina de diciembre pero sin carácter retroactivo desde enero, como legalmente es obligado, el Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE, considera no satisfactorio dicho acuerdo. Desde PIDE anuncian que si en la nómina de diciembre no se pagan los atrasos desde enero de 2020 acudirán a los tribunales.

Desde PIDE consideran que no aplicar la retroactividad del 2% es un agravio más perpetrado contra los funcionarios que ya han perdido, en los últimos 10 años, más del 20% de poder adquisitivo.

No obstante recuerdan a la Consejera de Hacienda y Vicepresidenta del Gobierno que la Junta de Extremadura dejó de ingresar 86,5 millones euros por la reforma del IVA que tuvo lugar en el año 2017. El Consejo de Política Fiscal y Financiera debería de dar una solución para cobrar ese dinero y, de esta manera, habría liquidez para pagar los atrasos de la subida salarial desde enero de 2020, la carrera profesional y volver a las 18 horas lectivas de secundaria.

La reforma en el reglamento del IVA que el Ministerio de Hacienda implementó en 2017 provocó una merma en la recaudación. Hasta ese momento los pagos se hacían el mes siguiente al de facturación (desde diciembre del año anterior hasta noviembre del año en curso). A las comunidades les corresponde el 50% de lo recaudado.

En cambio en el reglamento implicó que los ingresos de noviembre del año en curso fueran desplazados hasta enero (un mes más de lo habitual), del tal forma que en dicho ejercicio se recaudó solo el IVA correspondiente a once meses, que produjo la merma en la recaudación correspondiente a 2017 de 85,6 millones de euros.

«El gobierno central en un intento de corregir ese efecto aprobó una nueva modificación del reglamento del IVA, recogido en el proyecto de Presupuestos del Estado para 2019, para compensar el problema generado; de tal forma que los pagos de noviembre se realizarían durante los primeros 20 días de diciembre generando el ingreso de trece mensualidades y así compensar lo perdido en la recaudación de 2017. Dicho proyecto fue rechazado. Hacienda comunicó que si esa modificación no podía pagar el IVA reclamado por las comunidades».

Desde PIDE «consideramos que los 85.6 millones de devolución del IVA que nos debieron pagar con la liquidación de 2019, deben ser reclamados por la Junta de Extremadura, si fuera necesario en tribunales, dado que con ese dinero se podrían revertir los recortes aprobados por los sindicatos tradicionales y la Consejería de Hacienda y Administración Pública».

La propia Consejera Pilar Blanco-Morales no descartó ir a tribunales, de hecho dijo textualmente: «Procederemos a la reclamación por la vía jurídica que consideremos oportuna». También declaró la consejera que la solución pasaba por una modificación legal, lo que tendría encaje en la Ley de Presupuestos.