La Diputación de Badajoz, junto con la de Cáceres, han firmado un convenio de colaboración con la Junta de Extremadura mediante el cual las administraciones provinciales recibirán fondos que se destinarán a mejorar y reforzar la atención que se ofrece a las personas mayores, bien en centros residenciales o bien en sus propios domicilios. En concreto, la institución provincial pacense gestionará 1,1 millones de euros.

De este dinero, 96.345 euros se destinará a reforzar las plantillas de los centros residenciales de titularidad municipal más afectados por la COVID-19 en la primera ola. En concreto, se trata de los centros de Santa Amalia, Fuenlabrada de los Montes, los pisos tutelados de Talarrubias y Arroyo de San Serván.

Por su parte, poco más del millón de euros irán destinados a reforzar las plantillas y otros gastos necesarios para dar cobertura, fortalecer y dotar de medidas de seguridad e higiene los servicios municipales básicos de atención personal en el domicilio.

En definitiva se trata de un convenio, como ha señalado el presidente de la Institución pacense, Miguel Ángel Gallardo, «que tiene que ver con la vida» y que busca proteger a aquellos «que nos cuidaron y los que dieron todo para que ahora disfrutemos de las libertades que gozamos».

Gallardo ha insistido en que las diputaciones están dispuestas a realizar un «esfuerzo extra y trabajar de forma íntima con la Junta en todos los programas que haya que echar una mano» pues, como se ha demostrado, «somos gestores ágiles» que procuran que los fondos puedan llegar cuanto antes a los destinatarios. Como ha apuntado, «desde las provincias se puede y se debe hacer región».

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta, José María Vergeles, ha apuntado que las diputaciones «son los mejores garantes para que estas ayudas del escudo social del Gobierno de España lleguen a los municipios».

Vergeles ha puesto el acento tanto en la necesidad de paliar las consecuencias que tiene la lucha contra la Covid 19, especialmente en las residencias de mayores de 65 años dependientes de la Junta, así como de aprovechar el instrumento eficaz que suponen las administraciones provinciales.

De estos fondos procedentes del Fondo Social Extraordinario del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a la comunidad autónoma de Extremadura le correspondieron 7,8 millones de euros. Esta cantidad se redistribuirá con la colaboración de las entidades provinciales, de modo que 4 millones de euros financiarán aportaciones a los centros residenciales dependientes del SEPAD y más de 3 millones de euros serán gestionados por las Diputaciones que las harán llegar a los municipios extremeños para personas que necesiten ayuda a domicilio dada su vulnerabilidad.

Por su parte el presidente en funciones de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, ha explicado que convenios de este tipo inciden en el compromiso de las administraciones provinciales con las zonas rurales.