Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE, ha ganado una nueva sentencia judicial que obliga a la Consejería de Educación a adjudicar las plazas de Escuelas Hogar por orden de lista entre los distintos colectivos y no como hasta ahora que «algunas de sus plazas se daban a dedo».

La sentencia reconoce el derecho a una interina representada por los servicios jurídicos de PIDE a la una plaza en la Escuela Hogar de Plasencia que le fue adjudicada a otra persona con peor número de orden en la lista ordinaria de interinos.

La citada sentencia (00101/2020) del juzgado contencioso/admtvo. nº 1 de Cáceres dice, textualmente que: […] debo anular la resolución recurrida, y reconocer el mejor derecho de la hoy recurrente a la adjudicación de la plaza en la Escuela Hogar Placentina de Plasencia, con cuantos efectos económicos y administrativos correspondan desde la fecha en que debió ser nombrada, incluida la experiencia docente y las diferencias salariales que correspondan, sin hacer expresa declaración en cuanto a las costas causadas”.

El Sindicato PIDE ha venido solicitando por escrito y por registro que se regularizara esta situación, al igual que se revisara y se actualizara a la legalidad vigente la normativa de funcionamiento y organización de las Escuelas Hogar en Extremadura para cubrir legalmente las plazas de equipo directivo y restos de plazas de personal docente de la plantilla orgánica y funcional.

Existen en la Comunidad de Extremadura siete Escuelas Hogar con residencia, sostenidas por fondos públicos reguladas por el Decreto 2240/1965, de 7 de Julio, por el que se regula la creación de Escuelas Hogar y la designación de su personal (una normativa predemocrática).

«Dado que la aplicación de la referida normativa de Escuelas-Hogar que hasta ahora se ha venido haciendo contraviene el derecho laboral en materia de educación pública y laica, incluida en la Constitución Española, y que está por encima de cualquier otra norma, es claro que este es el momento adecuado para modificar dicha normativa y adaptarla a la legalidad vigente.»

Esta sentencia de PIDE es un paso más hacia un sistema que tenga la justicia social y la transparencia como pilares fundamentales en su funcionamiento.