Desde el Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE, consideran un acierto que el Consejero de Sanidad y Vicepresidente segundo del Gobierno y anuncie que se retrasarán las clases en enseñanzas medias una semana tras las vacaciones de navidad; pero, no obstante, desde PIDE creen que se debería extender la fase III hasta el 20 de enero y que se extendiera también a infantil y primaria.

Según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Extremadura presentó ayer 4 de enero de 2021 los registros de contagios más altos de todo el país: 604 por cada 100.000 habitantes en 14 días, estando inmersos en el inicio de la tercera ola de contagios por coronavirus agravada por nuevas cepas o mutaciones del Covid-19 cada vez más contagiosas entre la población de 15 a 30 años.

Según datos oficiales en la previsión de la AEMT habrá una ola de frío y nevadas a partir del próximo jueves 7 de enero en Extremadura.

«Las vacunaciones en su primera fase están siendo insuficientes y que tanto el personal docente como sus alumnos y el resto de personal laboral de administración y servicios de los centros educativos extremeños no han sido considerados como grupos prioritarios en la administración de la misma.

Asimismo se debería practicar a la comunidad educativa un cribado masivo de detección de infectados, con el consiguiente confinamiento de los mismos, de cara a la incorporación a las aulas».

Las circunstancias descritas complican mucho la reanudación del curso escolar en condiciones de garantía sanitaria y un mínimo confort aceptables, multiplicándose los riesgos de contagios en toda la comunidad educativa y su extensión a las familias por los factores anteriormente apuntados.

Por esta razón PIDE solicita que:

1. Que se retrase la incorporación a las aulas hasta el 20 de enero de 2021 al cumplirse entonces los 14 días desde el último festivo del calendario laboral, período considerado por las autoridades sanitarias como ciclo de incubación del virus, y que previamente se practiquen cribados masivos a toda la comunidad educativa.
2. Que el personal docente, como su alumnado y el resto de personal laboral de administración y servicios sean considerados como grupo prioritario en la administración de la vacuna y ésta se realice en los centros educativos.