El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se fijan los precios públicos de las enseñanzas para la obtención de títulos oficiales en la Universidad de Extremadura para el curso académico 2022/2023, cuyo aspecto más destacado es que se establece una reducción en la matrícula para los estudios de Grado que supone volver a los mismos precios que en el curso 2011/12.

Así lo ha anunciado el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, tras la reunión que ha mantenido este miércoles el Consejo de Gobierno, en la que también se ha decidido mantener otras medidas relacionadas con los precios para los estudios universitarios.

Por una parte, según ha explicado González, se mantiene la bonificación del importe de los créditos correspondientes a las asignaturas aprobadas en el curso académico precedente, en los estudios de Grado, y la posibilidad de fraccionar el pago de las matrículas hasta en 10 plazos.

Esto supone, según el portavoz, que Extremadura es una de las comunidades autónomas donde resulta “más barato el acceso a la Universidad”, algo que ha considerado fundamental para abrir la Universidad “a todo el mundo” pero también para retener el talento en Extremadura y fijar la población en el territorio de la Comunidad Autónoma.

También ha recordado el mensaje que el presidente de la Junta de Extremadura ha trasmitido en el último debate sobre el estado de la región, en el que ha confirmado el acuerdo de financiación al que se ha llegado con la Universidad de Extremadura para el período comprendido entre los años 2020 y 2026.

Al igual que la apuesta por la Formación Profesional se considera “clave” por el gobierno regional, la apuesta por la Universidad de Extremadura es fundamental para la inserción laboral “que queremos en la Extremadura no del mañana sino en la Extremadura del hoy”, ha precisado González.

VUELOS DESDE BADAJOZ

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de una adenda para la modificación del convenio entre la Junta y la Administración General del Estado sobre el reparto de responsabilidades derivadas de la licitación del contrato por la operación de obligaciones de servicio público en las rutas aéreas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona.

Mediante esta adenda lo que se pretende es elevar la cuantía de compensación máxima anual, que en estos momentos estaba en 3.500.000 euros, hasta los 4.400.000 euros, según ha explicado Juan Antonio González, de modo que en la próxima licitación del servicio, que será por dos años, se pueda alcanzar un número total de 30 vuelos semanales entre ida y vuelta, equivalentes a los que había antes de que se decretara el estado de alarma por la pandemia del Covid-19.

De esos 30 vuelos, 11 serían a Madrid y 4 a Barcelona, a diferencia de los 20 que hay actualmente entre ida y vuelta, 6 de ellos en conexión con Madrid y 4 con Barcelona.

El portavoz ha recordado que la evolución en la cifra de pasajeros de esos vuelos fue muy favorable entre el año 2015 y el año 2020, hasta la llegada de la pandemia. Como ejemplo, ha señalado que el número de pasajeros en tránsito, en el año 2019, fue de 75.416, un dato que se pretende recuperar con la modificación del convenio.

Además, ha mencionado la importancia de los vuelos no solo para el turismo sino también para atraer inversiones a la región. En principio, ha avanzado, el contrato estaría listo para el 28 de octubre, cuando finaliza el contrato actual.

FINCA LAS CANSINAS DEL OESTE

Por otra parte, el Ejecutivo regional ha autorizado a la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad a realizar un gasto de 3.842.740 euros para la adquisición directa de la finca “Cansinas del oeste”, de 894 hectáreas, cuya superficie está ubicada en su totalidad dentro de los límites del Parque Nacional de Monfragüe.

Esta compra supone un paso importante en el camino a favor de la protección de Monfragüe, ha dicho el portavoz, quien ha asegurado que el Parque Nacional es “la joya de la corona en materia medioambiental de nuestra región” y constituye un patrimonio común que contribuye al desarrollo sostenible y al de todo su entorno.

Otro de los acuerdos que ha adoptado el Ejecutivo en su reunión de este miércoles es la convocatoria de las ayudas a entidades locales para la cofinanciación de obras o servicios de interés general y social en el ámbito del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (AEPSA), por importe de 5.472.340 euros.

Estas ayudas tienen carácter complementario y se destinan a los ayuntamientos para sufragar los gastos de materiales y medios auxiliares para poder llevar a cabo las obras del AEPSA.

González ha destacado la financiación que la Junta de Extremadura aporta a los ayuntamientos de la región, gracias, en buena medida, a los programas de cooperación económica municipal que se han firmado este año y cuyo importe global supera los 100 millones de euros, a los que hay que sumar los cinco millones de la convocatoria de estas ayudas.

Esto ha sido valorado por el portavoz como una buena noticia, ya que los ayuntamientos son fundamentales para prestar servicios en todo el territorio y también para contribuir a fijar la población a ese territorio.

VALORACIONES

En su comparecencia, el portavoz del Ejecutivo ha querido agradecer el esfuerzo de coordinación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción del incendio de la comarca de Las Hurdes: medios del INFOEX, de la Comunidad de Castilla y León, Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil y voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil, entre otros.

También ha agradecido la colaboración y la solidaridad de los vecinos la zona, al tiempo que ha fijado como primer objetivo la extinción del incendio para pasar luego a nueva fase en la que entrarían la reconstrucción y los trabajos de reforestación.

González también ha hecho una valoración favorable de las medidas “de gran calado” anunciadas ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate sobre el estado de la Nación, especialmente la relativa a la bonificación al 100 por cien de los viajes de media distancia en ferrocarril, una medida que, según los primeros cálculos, podría afectar al 83 por ciento de los 130 servicios ferroviarios semanales de la región.