La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha informado sobre el Plan de Formación Profesional del Sector Agroalimentario de Extremadura 2022-2023, que con un presupuesto que supera los 3,8 millones de euros tiene una estimación de participantes superior a 3.200 personas, lo que le convierte en uno de los planes de formación más relevantes para el sector agroalimentario regional.

El contenido del plan ha sido desvelado tras la firma del convenio de colaboración suscrito por Esther Gutiérrez y los representantes de sectores implicados en su desarrollo, en concreto la directora del CICYTEX, Carmen González; el director del CETAEX, José Luis Llerena, y el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, Ángel Pacheco.

Debido a su importancia, el plan forma parte de la concertación política programada y consensuada con los agentes sociales y económicos de Extremadura. Se han planificado 218 acciones formativas, entre las que se incluyen 96 certificados de profesionalidad y 117 correspondientes a especialidades formativas, distribuidas en cuatro ámbitos de programación, concretamente el agrario, industrias alimentarias, mantenimiento de instalaciones agroalimentarias y seguimiento y gestión de explotaciones agrarias.

El agroalimentario es un sector estratégico de la economía y mercado laboral de Extremadura, agrupando al 25 por ciento del empleo regional con una acelerada adaptación de sus procesos y su capital humano a un nuevo escenario empresarial, con retos que incluye los cambios en las pautas de consumo hacia productos más saludables, el desarrollo de marcas de distribuidor, el crecimiento del comercio online, la incorporación de la tecnología, la automatización y la robotización en sus procesos, el envejecimiento de la población activa y la falta de relevo generacional en las explotaciones agrarias. Entre sus fortalezas destacan su transversalidad y capacidad de relación con otras actividades productivas clave, como el transporte, el comercio y el turismo; su capacidad de dinamizar a las zonas rurales de Extremadura, especialmente las que tienen más riesgo de despoblación, y su carácter exportador, siendo en este aspecto la principal industria exportadora de Extremadura.

En el mercado laboral, el sector agroalimentario ha creado 1 de cada 2 nuevos empleos del sector industrial desde el año 2015, y su tasa de paro del año 2022, del 13,81por ciento, es la más baja desde el año 2008, reduciéndose desde 2015 en 7 puntos porcentuales. En palabras de la consejera, es un sector que participa activamente en las políticas activas de empleo, en las líneas de formación profesional y en las de alternancia con el empleo, incentivos a la contratación, programas dirigidos al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas y dimensionamiento de las empresas dirigidas por autónomos.

Las razones que justifican este plan son adecuar la formación profesional para el empleo a las necesidades reales de las empresas y potencialidades del sector, lograr una mayor especialización en los puestos de trabajo en un sector sometido a continuos cambios y transformaciones que necesita mantener una competitividad alta con respecto a otros mercados, posibilitar el relevo generacional especialmente en el sector agrario.

Carmen González ha señalado que el agroalimentario es un sector estratégico en investigación y desarrollo, que da impulso a la cadena agroalimentaria sostenible y donde Extremadura ha apostado por la transición digital y verde, con importancia tanto en la innovación como en la formación. José Luis Llerena ha incidido en que el sector tiene medios de producción destacables y con valores singulares y ambientales, por lo que hay que evitar que se deslocalicen ciertos sectores estratégicos. Cuando la formación se aplica, se genera empleo en el sector productivo y es un valor añadido más.

Ángel Pacheco agradeció que la Junta de Extremadura haya abordado un plan específico de formación para el sector, pues es fundamental e imprescindible adaptarse a las nuevas necesidades tecnológicas y favorecer el relevo generacional, destacando que las cooperativas agroalimentarias favorecen la economía social y fijan población al territorio.