El Pleno del Senado ha aprobado esta tarde una moción socialista dirigida a fusionar la Renta Agraria y el Subsidio Agrario en un solo sistema de protección de los desempleados del campo en Andalucía y Extremadura, con el fin de equiparar sus derechos y tener el mismo nivel de protección. La moción, que ha sido transaccionada, ha sumado 236 votos y 19 abstenciones.

La iniciativa, que no ha recabado ningún voto en contra, acabará con las diferencias de derechos y con las desigualdades que supone mantener ambas prestaciones, y mejorará la protección de las personas que trabajan en el campo y residen en Andalucía y Extremadura, especialmente mujeres y personas de más de 52 años.

El senador andaluz Juan Espadas ha explicado que actualmente conviven dos modelos de protección asistencial (no contributiva) para los trabajadores y trabajadoras del campo: el Subsidio Agrario para personas trabajadoras residentes en Andalucía y Extremadura, y que entró en vigor el 1 de enero de 1984; y la Renta Agraria, que se creó en 2003 como prestación dirigida a jornaleros y jornaleras que quedaron excluidos del subsidio agrario por los duros requisitos impuestos por el decretazo del PP en 2002.

Desigualdad en el acceso a prestación

Espadas, para quien esta moción acaba con otro de los recortes en derechos sociales de la época de Aznar, ha aclarado que el problema está en que cada uno de los sistemas, aparentemente iguales, exigen un cómputo diferente de jornadas reales cotizadas para acceder a la prestación, lo que causa desigualdad.

En el Subsidio Agrario, las personas de 35 años, o menores de esa edad que tengan responsabilidades familiares, pueden completar las 35 jornadas exigidas para cobrar una prestación con las cotizaciones del AEPSA (Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria, antiguo PER). Sin embargo, para la Renta Agraria, no se computan las jornadas reales realizadas en el AEPSA.

También la duración y la cuantía para ambas prestaciones son distintas. Por ejemplo, los perceptores del subsidio agrario mayores de 52 años, y cumpliendo una serie de requisitos, tienen acceso a la prestación sin necesidad de realizar jornadas, por contra, los perceptores de la renta agraria tienen que hacer jornadas en el campo hasta su jubilación y, a veces, en condiciones muy penosas para su edad.

Al equiparar la renta agraria al subsidio agrario, se mejora la protección a todas las personas que trabajan en el campo, se simplifica el acceso a las prestaciones sociales y se atiende a las condiciones reales del campo, cada vez más mecanizado y menos necesitado de mano de obra.

El Gobierno rebajó a 20 las jornadas necesarias

Además, el Gobierno de Pedro Sánchez ha rebajado, hasta el 30 de junio de 2023, a 10 jornadas las 35 necesarias para acceder a cualquiera de estas dos prestaciones.

Espadas ha destacado que “es una modificación normativa justa y lógica en línea con las mejoras para la protección social que está llevando a cabo este Gobierno. Desde 2003 ya hemos vivido suficiente. Cuando en 2002 el señor Aznar decidió que el Subsidio Agrario debía terminar y extinguirse, se pueden imaginar las descalificaciones escuchadas en Andalucía con respecto al campo andaluz”.

“Ya es hora, ha concluido, de que un Gobierno dignifique la labor y el trabajo de estos trabajadores y trabajadoras del campo”, ha añadido.

Por su parte, Rafael Lemus, senador autonómico extremeño, ha asegurado que “es antigua ya la vetusta mirada de la derecha de este país con la que sigue pensando en los jornaleros y jornaleras del campo. Ellos sí que representan a la España que madruga y esa es la España en la que los socialistas nos fijamos”.

Lemus ha recalcado que “con esta iniciativa, cerramos el círculo de las ayudas a los trabajadores del campo” y ha apuntado que “cuando acabe esta legislatura tan difícil, podremos decir que nunca se hizo tanto con tan poco para tantos”.