El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha exigido hoy a la Junta de Extremadura que dote en los próximos presupuestos regionales de una partida de seis millones de euros más destinados a los 2.100 ganaderos que se han quedado fuera de las ayudas por la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE). Esta fiebre es una enfermedad que ha causado estragos en la ganadería bovina y cervuna de toda España y la gestión de la misma “sólo puede calificarse de caótica”, según ha señalado el presidente de esta organización agraria.

Para García Blanco, el mayor responsable, “por inacción, ha sido el gobierno de Pedro Sánchez que miró hacia otro lado bajo la premisa de que estaban en funciones y ni tan siquiera realizó una labor de coordinación entre las comunidades autónomas, que hubiera sido fundamental tanto desde el punto de vista sanitario como económico”. Además, ha añadido que espera que “actualmente estén trabajando en la búsqueda de una vacuna eficaz, porque este verano volverá a causar estragos”.

En este contexto, “nos encontramos con que las comunidades autónomas afectadas han sacado de manera descoordinada un régimen de ayudas de un modo desigual que nos hace creer que vivimos en países diferentes”. De esta manera, por ejemplo, no tiene nada que ver las ayudas de La Rioja con las de Andalucía y, por supuesto, con Extremadura. “Y como las prisas son malas consejeras sucede lo que está ocurriendo ahora”, ha denunciado García Blanco, quien recuerda que en nuestra comunidad autónoma “se actuó igualmente de modo precipitado”.

Así, recuerda que “se sacó una línea de ayuda difícil de entender cuando lo más normal es que hubiera sido lineal, esto es una ayuda para todas las explotaciones de vacuno de la región dividiendo el dinero entre el número de animales con los límites que se hubieran querido establecer y todos tan contentos, porque desgraciadamente todas las explotaciones en mayor o menor medida la han sufrido, pero se optó por anunciarlo a bombo y platillo en la Feria de Zafra y así nos ha ido”.

Ángel García Blanco destaca que “en un primer momento se sacó una ayuda con un mínimo de 200 euros y un máximo de 7000 euros, a razón de 35 euros por vaca, para todas las explotaciones que hubieran comunicado a las oficinas veterinarias de zona la existencia de la enfermedad en su explotación con fecha límite de 15 de octubre. Además, se incluyó a las explotaciones que hubieran realizado encuestas epidemiológicas por parte de los veterinarios de TRAGSA que realizan los saneamientos. Así, según los datos de Asaja Extremadura, se han destinado 7 millones de euros que han sido repartidos entre unas 2.700 explotaciones.

Al poner esa fecha como límite, quedaron excluidos los ganaderos que no realizaron el saneamiento en esas fechas y por tanto no se les realizó la encuesta a instancias de la propia administración. En la situación actual, “nos encontramos con que la Junta de Extremadura está recibiendo comunicaciones de los ganaderos, estimamos en torno a 2100 explotaciones, en las que se notifica mediante un escrito al que se adjunta un certificado veterinario de haber sufrido la enfermedad o estar actualmente padeciéndola”.

Por ello, Asaja Extremadura considera que es de “justicia que la Junta de Extremadura no deje desamparados a los ganaderos de vacuno que no han percibido esta ayuda y no realizar discriminación alguna”. Todo ello se resolvería con una modificación presupuestaria para hacer frente a esta delicada situación, por lo que pedimos que se introduzca una partida de seis millones de euros. ASAJA Extremadura va a iniciar una ronda con todos los grupos parlamentarios para que se incluyan en los presupuestos. Igualmente pedimos que se nos consulte a las organizaciones profesionales agrarias el diseño de los presupuestos de la Junta de Extremadura. “En nuestra humilde opinión creemos tener conocimiento de la realidad agraria y echamos en falta una serie de partidas que sería conveniente incluir”.