Anuncian que seguirán luchando con firmeza por defender los derechos de todas las víctimas del franquismo y sus familias en Extremadura.
Se olvida por estos grupos políticos que recuperar la memoria histórica y democrática es una cuestión de derechos humanos. Se trasluce una vez más que los derechos de las víctimas del franquismo, vuelven a ser objeto de un repudiable mercadeo en las negociaciones de los partidos de las derechas de nuestra región, en este caso para garantizar el apoyo de Vox al Decreto de medidas fiscales y presupuestarias del gobierno del PP en la Junta de Extremadura.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX) manifiesta de nuevo su rechazo a cualquier intento de ambos de obstaculizar el derecho de las víctimas de la dictadura y de la sociedad extremeña a la verdad, la justicia y la reparación. Esta propuesta de Ley presentada a la Asamblea, no es más que una copia en parte de otras iniciativas similares presentadas en las comunidades donde Vox apoya o permite los gobiernos del PP.
Se propone un modelo de ley de pretendida concordia, revisionista y negacionista, que falsea la historia. En suma supone un “blanqueamiento” de la dictadura contra el que seguiremos luchando como movimiento social, en todos los ámbitos que sean necesarios, todo ello, en línea con los informes de los relatores del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que se han pronunciado en contra de estas propuestas de pretendidas leyes de concordia, pues el derecho internacional público obliga al Gobierno de España y en suma a todas las administraciones públicas, a reconocer la memoria democrática y los derechos de las víctimas.
De hecho el Gobierno de España, ha formalizado ya recursos al Tribunal Constitucional contra la ya aprobadas, leyes de concordia de Aragón, de Cantabría, y Comunidad Valenciana, lo que hace presumir que con esta iniciativa extremeña ocurriría lo mismo.
Precisamente este Martes 27 de Mayo se ha conocido el Auto del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de España contra la Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana, pues según dicho Tribunal algunos de sus artículos podrían ser contrarios a los artículos 10 y 15 de la Constitución, por el menoscabo a los derechos de las víctimas y porque puede invadir competencias estatales establecidas, así como del deber de colaboración entre administraciones públicas.
La propuesta de Ley de Concordia de Extremadura, no solo supone un grave retroceso en el ejercicio de los derechos humanos en Extremadura, sino que pretende obstaculizar el derecho de las familias de las víctimas, mediante subterfugios procedimentales que pueden retrasar hasta un año los permisos necesarios.y que de facto permitirían la paralización de la exhumación de fosas, en abierta contradicción con lo establecido por la vigente Ley 20/2022, de Memoria Democrática, del Estado, lo cual además sumergirá a la administración extremeña en un complicado conflicto competencial, dadas las disposiciones generales fijadas por la norma norma superior.
En suma, para la ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE EXTREMADURA (ARMHEX) esta propuesta de ley es revisionista del franquismo, falsea la historia, blanquea la dictadura y niega la verdad sobre los hechos históricos, para ocultar lo que fue un golpe de Estado contra un gobierno democrático legítimamente constituido. La propuesta de ley suprime términos como “dictadura” para referirse al régimen franquista. Trata de equiparar a “victimas” con su verdugos, a los que acabaron en las cunetas con los que obtuvieron privilegios durante la dictadura. En definitiva, fulmina la memoria democrática y sustituye sus conceptos, en contra de la ciencia historiográfica.
Señalan que es una Propuesta de Ley machista que obvia la perspectiva de género en su articulado, e ignora a las mujeres, la mitad de la población y la vulneración de sus derechos. Olvida que las mujeres desempeñaron un papel singular, y que durante la guerra y la dictadura, sufrieron humillaciones, vejaciones, violaciones, persecución, violencia o castigos por su actividad pública o política, por el mero hecho de ser mujeres o por haber sido madres, compañeras o hijas de perseguidos, represaliados o asesinados. Asimismo, y en diferentes momentos de la historia, fueron represaliadas por haber intentado ejercer su derecho al libre desarrollo personal y haber transgredido los límites de la feminidad tradicional, tal y como sí reconoce la estatal Ley 20/2022.
A diferencia de la Ley 1/2019, de 21 de enero, de memoria histórica y democrática de Extremadura, vigente desde hace más de seis años, cuya tramitación fue ampliamente transparente y participativa pues de facto incorporó aportaciones de las asociaciones memorialistas de Extremadura, este propuesta de “Ley de Concordia”, no ha sido comunicada ni se ha convocado a las asociaciones memorialistas, en ningún momento para informar de su elaboración.
“La concordia se promueve cerrando heridas, no dejándolas abiertas, y que reivindicar en una democracia a las mujeres y hombres que fueron asesinados, torturados, encarcelados, robados y obligados al exilio por culpa de la dictadura sólo pretende el reconocimiento de quienes lucharon por conseguir lo que ahora, en parte, tenemos”. Al igual que hemos hecho en otras ocasiones, manifestamos la determinación rotunda de seguir impulsando desde la sociedad civil, todas las iniciativas de recuperación de la memoria histórica de las extremeñas y de los extremeños y apelamos a los grupos parlamentarios democráticos de la Asamblea de Extremadura a que rechacen terminantemente esta propuesta de Ley de Concordia, que de facto vacía de contenido la vigente Ley extremeña que, a pesar de su poco desarrollo actual, ya ha logrado comenzar a restañar las heridas dejadas en nuestra memoria por tantos años de silencio y olvido sobre la represión franquista” explican.
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