La Unión Sindical Obrera de Extremadura (USO) quiere trasladar su valoración sobre los procesos de estabilización en la Administración General de la Junta de Extremadura, un procedimiento que debía haber puesto fin a años de precariedad y abuso en el empleo público… pero que, a punto de finalizar 2025, sigue sin concluir, pese a que la Ley 20/2021 fijaba su cierre antes del 31 de diciembre de 2024.

Desde USO quieren agradecer de manera especial el esfuerzo, la profesionalidad y la implicación del personal funcionario de los servicios de Selección de personal y de Provisión de Puestos, que han sostenido el proceso con su trabajo y compromiso, a pesar de las trabas, la falta de medios y los continuos cambios de criterio del Gobierno de la presidenta María Guardiola.

USO recuerda que ha sido el único sindicato que, desde el primer momento, se situó del lado de las trabajadoras y trabajadores en abuso de temporalidad, defendiendo su derecho a la estabilidad laboral y oponiéndose al modelo de concurso-oposición que otros sindicatos defendieron y que, en la práctica, volvía a poner en riesgo los puestos de quienes llevaban años sosteniendo los servicios públicos con contratos temporales encadenados.

Este proceso ha estado plagado de improvisaciones, falta de criterios uniformes para todas las convocatorias, retrasos injustificados y de anuncios propagandísticos de los responsables políticos, como el realizado por las Consejeras de Educación y de Administración Pública sobre el retraso de incorporación de las categorías de ATE Cuidadores, Técnicos de Educación Infantil e intérpretes de Lengua de Signos, tras una decisión unilateral de las mismas sin consensuarla con la Dirección de Función Pública y las centrales sindicales y retrasando la incorporación de estas personas a sus puestos de trabajo 3 meses con respecto al resto de categorías convocadas.

Para USO, “en la actual fase del proceso de estabilización, el Gobierno autonómico pretende incumplir las bases de las convocatorias, permitiendo que una misma persona pueda tomar posesión de dos plazas, una decisión que contradice abiertamente la modificación de las bases aprobada por el propio Ejecutivo de María Guardiola que limitaba el número de plazas a una por persona. Dichas bases recogen expresamente que podrán realizarse diversos llamamientos hasta la cobertura de todas las plazas convocadas, lo que se traduce en que todavía estamos en el desarrollo del único proceso de estabilización convocado y que no es posible tomar posesión de más de una plaza. Esta actuación no solo vulnera las bases de la convocatoria, sino que rompe el principio de igualdad de oportunidades y deja fuera a muchas personas que siguen esperando estabilizar su puesto”.

Asimismo, añade que “a ello se suma una nueva situación de inseguridad jurídica generada por la Dirección General de Función Pública, que difundió una circular sobre las compensaciones económicas al personal cesado tras la estabilización, realizando una interpretación restrictiva y contraria al espíritu de la Ley 20/2021. Con esta decisión, se está obligando a las personas cesadas a acudir a la vía judicial para reclamar unas indemnizaciones que les corresponden, tal y como han reconocido sentencias del Tribunal Supremo e incluso la propia Asesoría Jurídica de Función Pública. Ante esta injusticia, la Asesoría Jurídica de USO ya ha presentado cerca de 250 demandas en defensa de los derechos de las personas afectadas”.

“No se puede hablar de reducir la temporalidad mientras se acumulan plazas, se vulneran las bases y se obliga a quienes han sido cesados a demandar para cobrar lo que es suyo por derecho”, ha señalado USO. “Este caos administrativo es el resultado de una gestión improvisada y políticamente contradictoria, que castiga a los trabajadores en lugar de protegerlos”.

Por todo ello, USO exige a la Junta de Extremadura transparencia real, con publicación actualizada de plazas cubiertas, vacantes y adjudicaciones, cumplimiento de las propias bases de convocatoria e impedir la doble adjudicación de plazas, facilitar los datos reales
de vacantes existentes, que continúan ocultándose pese a las reiteradas solicitudes sindicales, retirar la circular sobre compensaciones y aplicar correctamente los criterios del Tribunal Supremo, así como fijar un calendario público y cerrado que garantice la cobertura total de las plazas convocadas en estabilización antes de finalizar 2025.

“El Gobierno de la Presidenta María Guardiola no puede seguir castigando a quienes durante años han sostenido los servicios públicos con su esfuerzo y su entrega. La estabilidad no es un privilegio, es una cuestión de justicia”, ha concluido USO.