La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha anunciado este viernes el registro de 339 enmiendas al proyecto de ley de presupuestos de la Junta de Extremadura, unas propuestas que, según ha explicado, representan “la Extremadura que los socialistas haríamos si tuviéramos 8.800 millones de euros para decidir la vida de los extremeños”.
Gil Rosiña ha señalado que las enmiendas no solo pretenden mejorar el texto presupuestario, sino que reflejan un modelo alternativo de comunidad basado en el fortalecimiento de los servicios públicos, la recuperación del diálogo social y la apuesta por políticas que, ha defendido, respondan a las necesidades reales de la ciudadanía.
Entre las principales propuestas, la portavoz socialista ha destacado la recuperación de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como la restitución de la concertación social y del papel que desempeñan los agentes sociales y económicos en el desarrollo de la región.
En materia de sanidad, el Grupo Parlamentario Socialista propone un plan de choque dotado con 250 millones de euros para rescatar la Atención Primaria, denunciando la situación de colapso que atraviesa este servicio y las demoras de hasta 14 días que sufren los ciudadanos para ser atendidos por su médico de familia.
Asimismo, las enmiendas recogen la recuperación de la implantación del Plan 0-3 años, con el objetivo de extender progresivamente el primer ciclo de Educación Infantil a todos los municipios extremeños. Gil Rosiña ha defendido esta medida como una demanda de los alcaldes, especialmente necesaria para el mundo rural, tanto desde el punto de vista educativo como para favorecer la conciliación de las familias, especialmente de las mujeres.
La portavoz socialista ha afirmado que estas iniciativas representan “la enmienda a la totalidad de una Extremadura mejor”, una comunidad “con servicios públicos fortalecidos y que quiera entenderse, hablarse y mirarse a los ojos”.
En este sentido, ha acusado al Ejecutivo autonómico de gobernar “contra la gente” y ha calificado al Gobierno de María Guardiola como “un Gobierno sectario, excluyente, racista, xenófobo y fascista”, asegurando que pretende acabar con un modelo de gobernanza basado en el acuerdo con los agentes sociales y económicos y con la sociedad civil organizada.
“Estas son nuestras enmiendas. Las propuestas que el secretario general de los Socialistas, Álvaro Sánchez Cotrina, hizo es la enmienda a la totalidad de una Extremadura mejor, con servicios públicos fortalecidos y, sobre todo, una Extremadura que quiera entenderse, que quiera hablarse y que quiera mirarse a los ojos”, ha remarcado.
Aunque ha reconocido que las enmiendas tienen pocas posibilidades de ser aprobadas por la actual mayoría parlamentaria, Gil Rosiña ha defendido que “hay debates que se pierden en el Parlamento, pero que se ganan en la calle”, convencida de que muchas de las propuestas socialistas responden a las demandas que actualmente plantea la ciudadanía extremeña.
Las enmiendas movilizan más de 700 millones de euros, si bien la portavoz ha subrayado que lo verdaderamente importante no es la cuantía económica, sino la prioridad política que reflejan reforzar los servicios públicos fundamentales, la cooperación al desarrollo, la educación, la sanidad y recuperar el diálogo con los agentes sociales y económicos, “fundamentales para apuntalar la Extremadura que hoy conocemos”.
Preguntada por las posibilidades de que alguna propuesta salga adelante durante el debate presupuestario, previsto para los días 29 y 30 de julio, Gil Rosiña ha reconocido que no confía en su aprobación, aunque ha reivindicado el papel del PSOE como principal fuerza de oposición.
“Estamos trayendo a la Asamblea el sentido de la calle”, ha afirmado, citando como ejemplos las reivindicaciones sobre la Formación Profesional, la situación de los transportistas, las enfermeras del SEPAD, la siniestralidad laboral o los problemas de la Atención Primaria. “Los socialistas ya sabemos lo que es perder debates en el Parlamento y ganarlos después en la ciudadanía”, ha señalado.
La portavoz ha asegurado además que, pese al poco tiempo de trayectoria del actual Ejecutivo, ya existe un creciente malestar ciudadano por algunas de las decisiones adoptadas por la Junta de Extremadura, y ha advertido de que será el tiempo quien determine la estabilidad del actual acuerdo de gobierno, al que ha definido como “un matrimonio de conveniencia que ya se divorció una vez y ahora se ha vuelto a juntar”.


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