La portavoz de Presupuestos del Grupo Parlamentario Socialista, María Curiel, ha calificado el proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2027, registrado hoy por la Junta en la Asamblea, como “unas cuentas fantasma, inútiles e injustas” que no van a resolver ninguno de los problemas de la ciudadanía extremeña.

En una valoración de las cuentas, detalladas este viernes por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, Curiel ha denunciado que el Gobierno de Guardiola presenta un presupuesto continuista con unas políticas que no están funcionando, reduce el peso de la sanidad, la educación, la dependencia y la vivienda y ofrece unas cifras que no se corresponden con la capacidad real de ejecución de la Junta.

“Son unas cuentas fantasma, porque están infladas en casi 1.500 millones de euros; inútiles, porque no resuelven los problemas de la gente e injustas, porque no atienden a la mayoría social de esta tierra y benefician a los de siempre, a los que más tienen”, ha resumido.

La diputada socialista ha advertido de que las políticas sociales representan el 67% del presupuesto, una proporción que considera insuficiente y que evidencia una pérdida de peso de los servicios públicos esenciales. “Con los gobiernos socialistas, al menos siete de cada diez euros se destinaban a mejorar la vida de la gente”, ha recordado.

Curiel ha criticado que la consejera Manzano dedicara una hora a presentar unas cifras que, según ha señalado, no reflejan la realidad que aparece en la documentación presupuestaria registrada en la Asamblea. En este sentido, ha señalado los 860 millones de euros de inejecución previstos que recoge la página 151 de la memoria general. “El año pasado, en esa misma página, ya figuraban 777 millones de euros de inejecución. ¿Cómo puede la consejera asegurar que van a ejecutar íntegramente el presupuesto cuando los propios documentos de la Junta reconocen que no lo van a hacer?”, ha cuestionado.

A esta cantidad, ha añadido, se suma una diferencia de casi 600 millones de euros entre el pasivo financiero y las amortizaciones de préstamos. Curiel ha denunciado que esta operación contribuye a inflar las cifras presentadas por el Ejecutivo autonómico y ha cuestionado que se pretenda vender el proyecto como el presupuesto más alto de la historia sin explicar qué parte de esos recursos se ejecutará realmente. “Hay que quitar de estas cuentas lo que la propia Junta reconoce que no va a ejecutar y la deuda no autorizada. Cuando hacemos ese ejercicio, el relato de los presupuestos históricos se desmorona”, ha afirmado.

La diputada socialista también ha advertido del origen de los ingresos que permiten el incremento presupuestario anunciado por la Junta. Según ha explicado, el 97% de ese aumento procede de las entregas a cuenta del Gobierno de España y de la liquidación correspondiente a 2025.

“Estamos hablando del mismo Gobierno de España que sube las pensiones, el salario mínimo, las retribuciones de los empleados públicos, el bono del alquiler joven y las becas, y que este año entrega a Extremadura más de 5.100 millones de euros”, ha señalado.

Para Curiel, la cuestión fundamental no es únicamente cuánto dinero recibe Extremadura, sino qué hace el Gobierno autonómico con esos recursos. “El problema es lo que la Junta hace con todos esos fondos. Recibe más recursos, pero eso no se traduce en mejores servicios públicos ni en soluciones para los problemas cotidianos de los extremeños y las extremeñas”, ha denunciado.

CINCO EUROS PARA LAS FAMILIAS TRABAJADORAS MIENTRAS SE PERDONAN 15 MIL MILLONES A LAS ELÉCTRICAS

La portavoz de Presupuestos del Grupo Parlamentario Socialista ha expresado su preocupación por lo que considera un aumento de la injusticia fiscal en Extremadura. Ha criticado que PP y Vox vuelvan a reducir un 0,25% los dos primeros tramos del IRPF, una medida que supondrá un ahorro aproximado de cinco euros al mes para una familia trabajadora.  “Cinco euros al mes. Ese es el alivio fiscal que ofrecen a una familia mientras tiene que esperar hasta 14 días para ser atendida por su médico de cabecera o mientras hay personas que fallecen esperando una valoración de dependencia”, ha afirmado.

Curiel ha puesto como ejemplo además la situación de las familias de los municipios rurales. “Una familia de Aljucén se entera hoy de que va a ahorrarse cinco euros al mes en impuestos y, al mismo tiempo, de que Guardiola cierra el colegio público de su pueblo. ¿De verdad puede la Junta presentar esto como una política al servicio de las familias y del mundo rural?”, ha preguntado.

La diputada socialista ha contrapuesto ese ahorro para las rentas medias con los beneficios fiscales que, según ha denunciado, reciben las rentas más altas. “Mientras a una familia trabajadora le prometen cinco euros al mes, a las rentas altas se les perdonan miles de euros al año. Esa es la diferencia entre una política fiscal que protege a la mayoría y otra que beneficia a quienes más tienen”, ha señalado.

A esta situación ha sumado la rebaja de la ecotasa, que, según ha indicado, supondrá perdonar 28 millones de euros a las compañías eléctricas, empresas que presentan beneficios de 15.000 millones de euros este año. “¿Cómo puede la Junta hablar de presupuestos sociales cuando rebaja impuestos a las grandes compañías eléctricas y reduce el peso de los servicios públicos de los que depende la mayoría de la población?”, se ha preguntado.

Por todo ello, la diputada socialista ha concluido que el proyecto de Ley de Presupuestos para 2027 no responde a las necesidades reales de Extremadura y ha reclamado que las cuentas prioricen la sanidad, la educación, la dependencia, la vivienda y el fortalecimiento de los servicios públicos.

“Nos presentan unas cuentas que no garantizan la ejecución de los recursos que anuncian, que reducen el peso de las políticas sociales y que utilizan la fiscalidad para beneficiar a quienes más tienen. No es una cuestión de cuánto dinero aparece sobre el papel, sino de a quién beneficia y en qué se invierte”, ha afirmado.

“Estas cuentas no son sociales. No son unos presupuestos para la gente, son unos presupuestos para los que más tienen. Extremadura necesita unas cuentas que mejoren la vida de la mayoría social, no que conviertan los servicios públicos en la factura que pagan las familias mientras otros reciben beneficios fiscales”, ha concluido.

El PSOE acusa al Gobierno de Guardiola de utilizar a los menores extranjeros como rehenes políticos y exige garantías de protección para todos los niños y niñas

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Desregulación, Soraya Vega, ha acusado al Gobierno de Guardiola de utilizar a los menores extranjeros no acompañados como “rehenes” de su estrategia política y de anteponer la confrontación a la protección de la infancia. Durante su intervención en la Asamblea de Extremadura, Vega ha denunciado, además, que en una comisión anterior, ante una pregunta sobre los derechos de los niños y niñas, la respuesta del director general de Servicios Sociales de la Junta de Extremadura fue parafrasear fragmentos del Cara al sol.

“Una pregunta sobre los derechos de las niñas y de los niños exige una respuesta seria, y más por parte del Gobierno, no una escena que desplazó convenientemente el debate y que desatendió la responsabilidad de una institución democrática”, ha señalado.

Vega ha responsabilizado políticamente a Guardiola de la situación y ha advertido de que este tipo de episodios no va a impedir que el Grupo Socialista siga ejerciendo su labor de oposición y control al Ejecutivo. “Por muchas barbaridades que digan en esta sala o fuera de esta sala, no van a conseguir que este grupo cese en sus obligaciones”, ha afirmado.

La portavoz socialista ha centrado su intervención en el recurso firmado por Guardiola ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que regula la capacidad ordinaria de acogida de menores extranjeros no acompañados, así como en la petición de suspensión cautelar de la norma. Vega ha exigido al director general que explique qué va a hacer la Junta para garantizar los derechos de estos menores mientras se resuelve el procedimiento judicial.

“Recurrir una norma no les exime de sus obligaciones. ¿Qué pasa con los niños y las niñas mientras ustedes litigan? ¿Quién les protege? ¿Dónde van a ser atendidos?”, ha preguntado.

Vega ha cuestionado los argumentos de la Junta de Extremadura sobre la falta de capacidad del sistema de acogida y ha reclamado datos concretos sobre las plazas disponibles y ocupadas, los profesionales necesarios, los recursos solicitados al Estado y las medidas previstas para reforzar la atención. También ha preguntado por qué sobran 25 millones de euros en la consejería y ha denunciado que, de los dos millones destinados a centros de menores, apenas se han ejecutado 16.000 euros, según los datos expuestos en la comisión. “El recurso judicial no abre plazas, no contrata profesionales y no atiende las necesidades de los menores y las menores”, ha advertido.

La diputada socialista ha rechazado que la protección de la infancia extremeña y la atención a los menores extranjeros sean responsabilidades incompatibles. “Las niñas y los niños extremeños no están más protegidos porque se proteja menos a los menores extranjeros. No son dos obligaciones incompatibles. Son dos responsabilidades de la misma Administración”, ha subrayado.

Asimismo, ha criticado el discurso del Gobierno extremeño centrado, a su juicio, en las fronteras, las cifras y las devoluciones, en lugar de poner en el centro a los niños y niñas. “Hablan de cifras, de fronteras y no hablan de los niños y de las niñas”, ha lamentado.

Vega ha exigido al Ejecutivo que explique qué alternativa concreta ofrece a la acogida que está recurriendo y cómo garantiza que ningún menor quedará desatendido. Por ello, ha acusado al Partido Popular de instrumentalizar la situación de estos niños y niñas para alimentar la confrontación política.

La portavoz socialista ha reclamado al director general que asuma sus responsabilidades institucionales y responda a las preguntas planteadas en la Asamblea, en lugar de recurrir a consignas ideológicas. “Menos confrontación y más protección, menos consignas y más recursos, menos excusas y bastante más responsabilidad”, ha concluido.