Desde FASE (PIDE, SAE y SGTEX) denuncian que los empleados públicos han sufrido, desde mayo de 2010, un recorte importante de los salarios para corregir el déficit público y justificado indebidamente por una crisis económica que no han creado, medida extraordinaria que se planteó como provisional y que diecisiete años después sigue sin rectificarse.

Los anteriores Gobiernos no indicaron el tiempo de duración del mismo y el Gobierno actual continúa aplicándolo durante la vigente legislatura sin establecer ningún límite temporal en su aplicación.

«Ahora que las administraciones públicas dicen que todo ha mejorado, es momento de devolvernos lo recortado a los funcionarios, laborales y estatutarios, debemos recuperar mediante la negociación colectiva todo lo que hemos perdido a lo largo de este duro camino. La Junta de Extremadura aplicó el mismo recorte sobre los complementos salariales que le competen en junio de 2010 mediante la Ley 6/2010, de 23 de junio, de medidas urgentes y complementarias para la reducción del déficit público en la Comunidad Autónoma de Extremadura y dichos recortes se han mantenido en las Leyes Presupuestarias de la comunidad autónoma de Extremadura hasta la actualidad. No nos parece justa ni legal la inseguridad jurídica producida por esta norma que no ha sido revisada por el presente Gobierno en ningún momento. El año 2026 es el decimoséptimo año en que se mantienen los recortes, agravándose con los años que hemos sufrido la congelación salarial. Hasta el primer trimestre del 2027 no se nos pagará el tercer plazo y último de lo adeudado de la subida del 2% del 2020 y se incrementa la pérdida de poder adquisitivo hasta un 25% por la subida desbocada del IPC», indican.

Asimismo, señalan que «es necesario el establecimiento de la cláusula de revisión salarial que compense las desviaciones del IPC que venimos arrastrando con el consiguiente empeoramiento de las condiciones salariales de todos los empleados públicos extremeños. Somos uno de los pocos sectores laborales que no tienen establecida la cláusula de revisión salarial, hecho que perjudica notablemente a los sectores de la Administración General, Sanidad y Educación, pérdida que se viene repitiendo año tras año sin que la Junta de Extremadura subsane dicha discriminación salarial. Los empleados públicos de Extremadura percibimos una retribución media inferior que la de los empleados públicos de las demás comunidades autónomas. La Administración no tiene justificación para no cambiar dicha situación y no puede alegar una y otra vez que no hay dinero cuando para cualquier otra iniciativa, por innecesaria y privada que sea, sí lo hay. La propuesta actual es insuficiente y no tiene en cuenta la pérdida acumulada de poder adquisitivo, no plantea la recuperación de las pagas extras completas (por ejemplo: recuperadas ya en los ayuntamientos de Badajoz y Cáceres) y nunca han planteado a la Administración central las cuestiones anteriores o la deflación del IRPF para evitarlo. 1 de 3 Hay que reconocer al empleado público, retribuyéndole adecuadamente».

Ademán, añaden que «es justa e indispensable la homologación salarial con el resto de las autonomías. Es necesario que la Junta de Extremadura legisle las cuestiones económicas que le competen y que inste al Gobierno de España a que derogue definitivamente todos los recortes salariales que venimos sufriendo desde 2010. Que consideramos que no es posible que la Junta de Extremadura continúe expropiando permanentemente a sus empleados públicos sus derechos económicos, por lo que desde FASE (PIDE, SAE y SGTEX) proponemos un plan que permita la recuperación del poder adquisitivo perdido a todos los empleados públicos en los presupuestos de Extremadura en el periodo 2027/2030».

Según señalan, debe al menos contemplar los siguientes seis puntos:

1. Creación de una COMISIÓN DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO entre la Junta de Extremadura y los sindicatos con representación en las mesas sectoriales de Administración General, Educación y Sanidad.

2. Establecer un CALENDARIO DE RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO a corto y medio plazo para todos los empleados públicos de la Junta de Extremadura (Administración General, Educación y Sanidad), compatible con una negociación sectorial que permita alcanzar la homologación salarial con docentes, estatutarios, funcionarios y laborales de otras comunidades autónomas, mediante la inclusión en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura de una subida salarial autonómica por encima de la establecida a nivel estatal por el Gobierno de España: – 2027: incremento del 2´5% sobre el IPC del año 2026. – 2028: incremento del 2´5% sobre el IPC del año 2027. – 2029: incremento del 2´5% sobre el IPC del año 2028. – 2030: incremento del 2´5% sobre el IPC del año 2029. – 2031: Aplicación de una CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL que implique un incremento anual automático del salario igual o por encima del IPC.

3. Recuperación de las PAGAS EXTRAS COMPLETAS.

4. Actualizar las RETRIBUCIONES BÁSICAS, obsoletas, que en algunos casos mantienen un sueldo base inferior o similar al SMI, establecer un salario mínimo garantizado.

5. ERRADICAR LA PRECARIZACIÓN de los puestos, evitar el abuso de jornadas parciales y turnicidad, etc.

6. Desarrollar, mediante la negociación, aspectos del EBEP que disminuyan las desigualdades salariales entre sectores y administraciones, desarrollo de la CARRERA PROFESIONAL en todos los sectores (Administración General, Educación y Sanidad). Este plan para la recuperación del poder adquisitivo, además de la necesaria homologación salarial con las otras comunidades autónomas (que ya hemos cerrado en 2 de 3 Educación y estamos demandando en Administración General y Sanidad), conllevaría la compensación de las pérdidas salariales desde el 2010 para todos los empleados públicos de la Junta de Extremadura: docentes, estatutarios, funcionarios y laborales.

«Los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura deben plantear que no es posible que la Junta de Extremadura continúe expropiando permanentemente a los docentes de la Educación Pública no universitaria sus derechos económicos, que deben ser tratados en la dignidad y respeto que merecen salarialmente, y que esta recuperación debe empezar con los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2027 con varios de los puntos propuestos y el resto iniciarse la negociación en las mesas correspondientes», explican.

Por lo que FASE solicita que se incluyan las siguientes enmiendas parciales de adición a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2027 para que se inicie la recuperación de las pérdidas salariales para todos los empleados públicos de la Junta de Extremadura: docentes, estatutarios, funcionarios y laborales:

1. Enmienda de adición en el proyecto de ley PLEY-1, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2026) para incluir una subida del 2`5% sobre el IPC del año 2026 para abonar el primer plazo del PLAN DE RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO a todos los empleados públicos de la Junta de Extremadura: docentes, estatutarios, funcionarios y laborales.

2. Enmienda de adición para incluir la partida económica necesaria para implantar, reconocer y pagar una CARRERA PROFESIONAL REAL a todos los empleados públicos de la Junta de Extremadura: docentes, estatutarios, funcionarios y laborales.

3. Enmienda de adición para incluir la partida económica necesaria para la recuperación de las PAGAS EXTRAS COMPLETAS EN JUNIO Y DICIEMBRE DE 2027 a todos los empleados públicos de la Junta de Extremadura: docentes, estatutarios, funcionarios y laborales.