La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha presentado, este lunes en Mérida, la comisión de expertos integrada por juristas de reconocido prestigio que efectuará propuestas de reforma de la Ley de Función Pública con el objetivo de lograr una Administración conectada con la realidad, más cercana, rápida y eficaz en la detección de necesidades y en la solución de problemas.

En concreto, la comisión está conformada por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Carmen Bravo Díaz; por el abogado del Estado y socio de un conocido bufete de abogados, Juan José Torres Ventosa y por el profesor de la UEX y Doctor en Derecho Administrativo, Pedro Brufao Curiel y presentará sus conclusiones a finales de 2024.

“Este Gobierno considera imprescindible dotarnos de un cuerpo jurídico-normativo adaptado a la realidad social actual en la que tenemos un nuevo marco tecnológico, académico y laboral que tiene poco que ver con el del momento de elaboración de la normativa vigente” ha manifestado la consejera que ha estado acompañada por el director general de Función Pública, Domingo Expósito y por los tres expertos.

Cabe recordar que la Ley de Función Pública extremeña es del año 2015 (Ley 13/2015, de 8 de abril) por lo que necesita “una revisión, actualización y desarrollo en aspectos tan importantes como la selección de personal, la provisión de puestos de trabajo, el régimen retributivo o la clasificación y ordenación del personal, ya que se utilizan reglamentos que de mediados de los 90”.

La consejera ha destacado que los empleados públicos constituyen el principal activo de la Administración, por lo que “el Gobierno de la presidenta María Guardiola ha mostrado un firme compromiso con la mejora de su desempeño profesional, de sus carreras y de, con carácter general, la regulación de la Función Pública en nuestra región”.

Además, Elena Manzano ha destacado que antes de 2030 esté prevista la jubilación de un 25 % de los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Extremadura. Por lo que “tenemos que estar preparados para ello, asegurar la transición y transferencia del conocimiento, no podemos perder todo ese bagaje, y al mismo tiempo, debemos aprovechar este momento para diseñar las bases de la Función Pública extremeña del futuro” ha explicado.

En este sentido, la consejera ha manifestado que “preocupan especialmente los procedimientos de selección. Deben ser más ágiles que los actuales y adaptados a las necesidades del momento” y ha recordado que hay compromisos adquiridos que no se han cumplido en los últimos años como la aprobación de la una Ley de Cuerpos y Escalas del personal funcionario.

“Una norma necesaria que servirá para reestructurar el actual sistema de clasificación y ordenación del personal funcionario, y poner el acento en contar con perfiles profesionales adaptados a la realidad social del momento actual, la situación del mercado de trabajo, o la especialización como garantías de calidad en la prestación de los servicios”, según Manzano.

Para la configuración de la nueva Función Pública se va a contar también con las aportaciones de los agentes sociales, organizaciones sindicales y demás colectivos implicados, para lo que a finales de junio se celebrarán en Mérida unas jornadas organizadas por NTT DATA y la Junta de Extremadura que servirá como foro de experiencias de otras administraciones públicas, instituciones, entre otras.

Además, en la revisión normativa que se llevará a cabo estarán muy presentes los principios básicos de la Función Pública (reconocidos en el artículo 2 de la Ley 13/2015, de 8 de abril).

COMISIÓN DE EXPERTOS

La Comisión de Expertos está formada por tres destacados profesionales del Derecho como Carmen Bravo Díaz, licenciada en Derecho y Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, aprobó la oposición de judicatura y actualmente es Magistrada especialista en la jurisdicción Contencioso-Administrativa en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. También destaca su labor como docente en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y en el Máster de Derecho Local de la UNEX 2023-2024.

Otro de los integrantes es Juan José Torres Ventosa, licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura y Abogado del Estado. En esta condición ha sido Jefe de la Comunidad Autónoma de Extremadura y anteriormente fue Jefe del Servicio Jurídico Regional de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha y Abogado del Estado-Jefe en Palencia. Cuenta también con una importante vocación investigadora con varias publicaciones en revistas especializadas y también ha ejercido como docente en varias ponencias. En la actualidad, es socio del bufete de abogados Roca Junyent-Gaona, Palacios y Rozados desde enero de 2024.

Además, es miembro de la comisión Pedro Brufao Curiel, profesor titular de Derecho Administrativo de la UEX; doctor en Derecho Administrativo por la Universidad Carlos III de Madrid, Master of Laws por la Universidad de Tulane (EEUU), becado por la Fulbright Commission. Además, es investigador de cuestiones relativas al empleo y patrimonio público y ha realizado estudios y dictámenes sobre Administración Pública, Derecho Administrativo, Derecho Regulatorio y de la Competencia, Derecho Deportivo, Derecho Ambiental y de la Energía. Es autor de libros y artículos sobre estas materias en publicaciones especializadas.