La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha denunciado este miércoles la grave situación que atraviesa el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD). Lo ha hecho tras conocerse que la gerente provincial en Badajoz está siendo investigada por supuestos delitos de fraude y otros ilícitos económicos, además de una posible incompatibilidad para desempeñar el cargo.

Gil Rosiña ha recordado que una de las primeras decisiones del Gobierno de  Guardiola fue anular la comisión parlamentaria que debía velar por la transparencia de los nombramientos públicos, precisamente para evitar casos de incompatibilidad y garantizar el interés general. “Hoy se demuestra que aquella decisión buscaba ocultar y blindar nombramientos cuestionables”, ha subrayado.

La portavoz socialista ha exigido a la consejera de Salud, Sara García Espada, que dé explicaciones claras y razonadas sobre esta situación y sobre la continuidad de la responsable del SEPAD en su puesto.

Caos en la gestión del SEPAD y de la Consejería de Salud

Gil Rosiña ha denunciado además el “desastre manifiesto” en la gestión del SEPAD y de la Consejería de Salud en su conjunto. Ha explicado que los trabajadores de las residencias dependientes de este organismo siguen sin cobrar la nómina de agosto, ni los trienios, ni las horas extra, ni la nocturnidad. A ello,  se suma el incumplimiento de la promesa realizada a las enfermeras del SEPAD en julio, cuando la Junta de Extremadura se comprometió a aplicar una subida salarial que todavía no se ha producido.

“Estamos ante una gestión caótica, que recuerda lo sucedido con el transporte escolar. El SEPAD es hoy la casa de los líos, y la Consejería de Salud incapaz de dar respuestas a trabajadores y usuarios”, ha asegurado.

Privatización de la teleasistencia

La portavoz socialista ha advertido con especial preocupación de la decisión del Gobierno de Guardiola de privatizar el servicio de teleasistencia avanzada para personas mayores dependientes de grado 3, un recurso esencial que hasta ahora gestionaba la Cruz Roja en Extremadura.

“El cuidado de los más vulnerables, nuestros mayores, se pone en manos de una licitación de cinco millones de euros que no ha sido resuelta a tiempo”, ha señalado. El contrato debía entrar en vigor hoy, 1 de octubre, pero la falta de resolución ha obligado a que la Cruz Roja siga prestando provisionalmente el servicio, mientras la atención a 8.000 personas dependientes queda en el aire.

Isabel Gil Rosiña ha insistido en que el Gobierno del Partido Popular “ha demostrado su incapacidad administrativa para gestionar, pero sí mantiene clara una hoja de ruta, la privatización y el deterioro de los servicios públicos”.

En este sentido, ha recordado que los actuales responsables del SEPAD y del Servicio Extremeño de Salud provienen de la gestión de la sanidad y la dependencia en el ámbito privado, lo que explica, a juicio de los socialistas, la política actual de recortes y externalizaciones.

“Frente a la seguridad y las garantías que ofrecieron siempre los gobiernos socialistas, el PP está destrozando en apenas dos años un sistema público de sanidad y dependencia que costó mucho construir en Extremadura. Y lo está haciendo a costa de los trabajadores, de los usuarios y de nuestros mayores dependientes”, ha concluido Gil Rosiña.