Mérida ha sido escenario hoy de la firma de un convenio de colaboración entre la Junta de Extremadura, las Diputaciones de Badajoz y Cáceres y los Colegios de Abogados de las dos provincias para la implantación, puesta en marcha y atención del Servicio de Protección a las Familias en Riesgo de Ejecución Inmobiliaria en Extremadura.

El convenio busca proteger a las personas, familias o cualquier unidad de convivencia en riesgo de ejecución hipotecaria y de otros procedimientos de desahucio en el ámbito de la comunidad regional.

El Instituto de Consumo de la Junta de Extremadura será el encargado de coordinar las acciones de protección a estas personas y se realizará a través de una red de cuatro Oficinas de Enlace y veinticuatro Puntos de Atención Presencial, doce en cada una de las provincias. Con esta red, cualquier persona estará a menos de treinta y cinco minutos de la Oficina de Intermediación Bancaria Presencial más cercana.

Las Diputaciones aportan 36.000 euros cada una y la infraestructura y mantenimiento de las oficinas. Los Colegios de Abogado aportan el personal, todos letrados en ejercicio que tienen una formación especial en esta materia.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, recordó que la Diputación de Badajoz fue pionera en la firma de este tipo de acuerdos, ya que en la anterior legislatura hubo abiertas siete Oficinas de Intermediación Bancaria en la provincia.

Según el consejero, Extremadura es la sexta comunidad autónoma que menos desahucios tiene y el perfil de las familias afectadas suele ser de unos  cincuenta años que tiene todavía un préstamo hipotecario de entre 50.000 y 150.000 euros. La Junta ha atendido hasta el momento a 233 familias a las que en su mayor parte se les ha reestructurado la hipoteca, se la ha renegociado o se ha obtenido para ellas la dación en pago. Vergeles ha dicho que “el objetivo de la Junta es que los desahucios se reduzcan a cero”.

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, se mostró satisfecho “porque la unión hace la fuerza y la Junta y las Diputaciones están trabajando codo con codo para proteger a los que tienen más dificultades”. Para Gallardo existe un antes y un después de esta legislatura en cuanto a la colaboración de las administraciones. “Esto permite avanzar mucho más rápido en la defensa de los que lo necesitan”, añadió.

Respecto al contenido del convenio señaló que con muy poco coste se está haciendo mucho bien y dio las gracias a todos los que han participado en la negociación de este convenio “que ha sido laborioso pero obedece al objetivo de la Diputación de que las personas vivan mejor cada día”.

El convenio es de dos años prorrogables a cuatro.

La Junta pone en marcha la Red de Puntos de Atención Presencial del Servicio de Protección a las Familias en Riesgo de Ejecución Inmobiliaria

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha firmado con los presidentes de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, Rosario Cordero y Miguel Ángel Gallardo, respectivamente, y con los representantes de los Colegios de Abogados de Cáceres, Carmelo Cáscon, y de Badajoz, Filomena Peláez, un convenio para poner en marcha la Red de Puntos de Atención Presencial del Servicio de Protección a las Familias en Riesgo de Ejecución Inmobiliaria.

También ha asistido al acto de la firma, que ha tenido lugar en la Presidencia de la Junta de Extremadura, en Mérida, el  consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, que ha explicado que el objetivo del convenio es reorganizar y regular la colaboración entre las administraciones firmantes para ofrecer protección a las familias en riesgo de ejecución hipotecaria y de otros procedimientos de desahucio en la región.

Vergeles ha indicado que dicha protección se hace extensiva a personas, familias o cualquier otra unidad de convivencia cuyos miembros estén empadronadas en alguna de las localidades de Extremadura y sean propietarios o arrendatarios de una vivienda que constituya su domicilio habitual en la región, y cuyo inmueble pudiera verse afectado por cualquiera de estos procedimientos como consecuencia de circunstancias económicas adversas.

Ha indicado que serán 24 los puntos de atención presencial y que se repartirán al 50 por ciento entre ambas provincias. Los 12 puntos de atención presencial en la provincia de Badajoz se situarán en Olivenza, San Vicente de Alcántara, Montijo, Villafranca de los Barros, Zafra, Villanueva de la Serena, Castuera, Jerez de los Caballeros, Llerena, Monesterio, Don Benito y Herrera del Duque.

En la provincia pacense, estos puntos se situarán fundamentalmente en terreno de los respectivos Centros Integrales de Desarrollo.

En Cáceres, la Atención Presencial se prestará en Trujillo, Logrosán, Miajadas, Valencia de Alcántara, Arroyo de la Luz, Torre de Santa María, Cabezuela del Valle, Hervás, Moraleja, Hoyos, Arroyomolinos de la Vera y Navalmoral de la Mata.

Esta Atención Presencial completará la Oficina de Intermediación Bancaria que ya dispone de un servicio de atención telefónica (924090616) y página web (intermediacionvivienda,juntaex.es). Desde su puesta en marcha ya se han atendido a 233 familias.

El consejero ha señalado que cada Diputación aportará 36.000 euros y se comprometen a realizar todas las acciones que permitan la actividad de las sedes de ayuda que se establecen, como facilitar  licencias de uso de los inmuebles para estas oficinas o costear de forma directa o indirectas gastos como el mobiliario, limpieza, vigilancia, conexiones a Internet, etc.

Por su parte, los Colegios de Abogados seleccionarán a los letrados que van a atender estos puntos de asesoría, que trabajarán dos horas durante dos días a la semana y colaborarán con las personas que designe el Instituto de Consumo para ejercer la coordinación del trabajo a prestar en los Puntos de Atención Presencial.

El presidente de la Diputación de Badajoz, tras mostrarse muy satisfecho con la firma de este acuerdo, ha asegurado que “a nosotros nos preocupan las personas y a la gente lo que le importa es que, independientemente de quien tenga la competencia, seamos competentes para resolver los problemas”.

En este sentido, la presidenta de la Diputación de Cáceres ha dicho que “lo que estamos haciendo con este convenio es preocuparnos del problema de la gente y un problema importante es el de la vivienda” y ha añadido que “la Junta de Extremadura ha sabido acercarse a esos problemas”.

Asimismo, los representantes de los Colegios de Abogados también se han mostrado satisfechos con la firma de este convenio y la finalidad del mismo.