Asaja Extremadura valora de una forma “muy positiva” que el Colegio de Comisarios de la Unión Europea haya aprobado hoy la cláusula de salvaguarda sobre las importaciones de arroz procedentes de Camboya y Myanmar, lo que conllevará la implantación de aranceles a las importaciones de este cultivo durante tres años.

“Era una reivindicación histórica y debería de suponer un balón de oxígeno para los arroceros para equilibrar los precios del arroz, que se habían visto seriamente dañados por el perjuicio que suponía la competencia desleal que llegaba de esos países”, ha señalado Ángel García Blanco, presidente de esta organización agraria, que ha cifrado en al menos 425 euros por tonelada el precio que a partir de ahora debería de pagarse a los productores arroceros extremeños. Además, remarca que se debería de establecer unos derechos aduarenos como mínimo de 150 euros por tonelada para las importaciones que lleguen desde otros países asiáticos.

En este sentido, Asaja Extremadura recuerda que mientras que en el año 2012, bajo la aplicación del programa “todo menos las armas”, se importaron 9.000 toneladas de Birmania y Camboya, en solo cinco años esta cantidad se ha multiplicado por 40 para alcanzar las 360.000 toneladas en el pasado 2018, “lo que ha supuesto el hundimiento de la economía de los agricultores europeos y, fundamentalmente, de los españoles”.

Esta medida -que “felizmente” hoy finalmente llega a su fin- había supuesto la implantación de las multinacionales de unos bajos precios para los cultivadores extremeños que han provocado la pérdida de casi 4.100 hectáreas en los últimos tres años, pasando de 24.700 hectáreas en el 2016 a las escasas 20.500 del ejercicio pasado.

Por último, Asaja Extremadura exige que el arancel aprobado hoy por la Unión Europea tiene que entrar en vigor para todos los tipos de arroces debido a que “algunas empresas extremeñas que hacen de perritos falderos de la multinacional Herba han estado intentando hasta el último momento que el arancel solo recaiga sobre el arroz blanco, el ya procesado, y no sobre el cáscara que es el que realmente interesa al agricultor español”, ha denunciado Ángel García Blanco.