Con fecha de 21 de mayo de 2020 el tribunal de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Mérida deniega al Sindicato PIDE las medidas cautelares con las que pretendían suspender, paralizar, la instrucción de 13 de mayo de 2020, por la que se obliga a los equipos directivos y al personal del PAS a acudir a los centros educativos en medio de la pandemia de la COVID-19.

Tanto el Ministerio Fiscal como la Junta de Extremadura se han opuesto a la suspensión y, por tanto, están a favor de la apertura de los centros. El juzgado ha señalado que la Instrucción recurrida es la reproducción de una Orden del Ministerio de Sanidad como único argumento para permitir la apertura de los centros.

A PIDE le parece una argumentación con poco fundamento, dado que el que la instrucción de 13 de Mayo reproduzca lo dicho por el Ministerio de Sanidad no significa que en Extremadura se hayan tomado las medidas adecuadas para proteger las salud de los equipos directivos y del personal del PAS incorporados desde  el 18 de mayo, pues la orden ministerial orienta pero debe ser la Comunidad Autónoma la que la cumpla ampliamente y la adapte a la realidad territorial y no limitarse a reproducirla. Insisten en que en Extremadura no está garantizado el derecho a la salud y a la intregridad física de los profesores ni de los alumnos con las instrucciones dadas para la apertura de los centros. PIDE indica que «las medidas que adopta la junta son insuficientes, inconcretas, y en muchos casos de imposible cumplimiento, además los equipos directivos no son expertos en Riesgos Laborales ni epidemiólogos para aplicar la Orden Ministerial, ni la profusa cantidad de medidas que dicen los expertos».

El fiscal considera que no se puede parar la educación indefinidamente, esa es su principal argumentación, comentando PIDE que con esta reflexión parece desconocer que los profesores están atendiendo a los alumnos telemáticamente, por lo que la educación no ha parado; además, desde PIDE, ya han argumentado que abrir los centros (desde el día 18 para equipos directivos y cuando pasemos a la segunda fase de desescalada para el resto de profesores y alumnos) es un sinsentido: Ni se puede asegurar la distancia de seguridad mínima, ni las medidas profilácticas necesarias, lo que supone un riesgo claro de contagio y, eso mismo viene a reconocer la Junta cuando el día 19 de Mayo ha suspendido los exámenes presenciales en las E.O.I. porque no puede garantizar las medidas higiénico sanitarias para los alumno. «Si a esto le sumamos que tras la fase II de desescalada (cuando se incorporen profesores y alumnos) quedarán apenas un par de semanas lectivas, es un sinsentido que pone en peligro la salud de todos».

La Junta alegaba que al sindicato le falta legitimación para interponer esta demanda, pero la Juez para los pies a la Junta diciendo que PIDE tiene toda la legitimidad para iniciar este procedimiento judicial. «El sindicato PIDE actúa en defensa de los intereses y derechos de sus afiliados, en particular, y de todos los docentes de Extremadura, en general, que son estos los directamente afectados. Como sindicato representativo en la Educación Pública ejerce los derechos que le reconoce la Ley Orgánica de Libertad Sindical y normativa concordante en el ámbito de la administración.

Es sumamente insensato abrir los centros sin instrucciones claras, sin un plan especial para el covid 19 en el ámbito educativo. Esperamos que no haya contagios de profesores y alumnos hasta final de curso, de lo contrario existirán argumentos  más que probados para exigir rsponsabiliddes por el empeño de la Junta de Extremadura en la apertura de los centros sin un plan específico y sin medidas adecuadas».

PIDE anima a los equipos directivos y a los profesores a denunciar ante inspección de trabajo la indefensión con la que están trabajando y el incumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, para ello PIDE ha elaborado sendas denuncias para ser registradas: individual (http://www.correopide.es/documentos/noticias/DenunciaDocentes.docx) y equipos directivos (http://www.correopide.es/documentos/noticias/DenunciaEquiposDirectivos.docx), siguiendo las instrucciones que se pueden ver en este enlace: http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Formularios/Inform_DENUNCITSS_.pdf

Desde PIDE seguirán luchado e interpondrán un nuevo Contencioso-Administrativo contra la nueva instrucción que se dicte y que obligará a los docentes a acudir a los centros, en medio de la alerta sanitaria, para atender presencialmente a los alumnos que, voluntariamente, quieran ir a los centros a los que ya están atendiendo por vía telemática. Y lo harán para la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales frente a la futura instrucción. En dicho recurso PIDE volverá a solicitar judicialmente, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la instrucción porque creen que es su deber como Sindicato proteger la salud e integridad física de la comunidad educativa.

Y lo harán porque no se puede garantizar la salud del personal docente y de los alumnos que acudan a las aulas. «Desde PIDE insistimos en que los centros no pueden abrirse hasta septiembre, porque existe un riesgo innecesario de contagio de la COVID-19 a toda la comunidad educativa y, por ende, a la sociedad. No hay necesidad de abrir los centros, porque está funcionando la educación a distancia y se han habilitado procedimientos telemáticos para todas las gestiones burocráticas, incluida la escolarización. Obligar a parte del claustro de profesores y del personal no docente, exponiendo la salud de toda la comunidad educativa, a acudir a los centros educativos cuando el curso lectivo está próximo a su finalización, es una irresponsabilidad y un atentado contra la salud pública».

El derecho a la vida, a la integridad física de los profesores y los alumnos, así como el derecho a una educación en condiciones higiénico-sanitarias óptimas está protegido por la Constitución Española en sus artículos 15 y 27.2.,  y entienden que estos derechos no están siendo protegidos.