Asaja Extremadura ha mostrado públicamente su “satisfacción” por el auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx de Extremadura sobre la urbanización ‘Isla de Valdecañas’, «un complejo turístico que ha multiplicado la generación de oportunidades laborales y la expansión económica en esta zona de la provincia de Cáceres, por lo que su derribo hubiera significado un golpe mortal no sólo para la economía de la zona sino para la de toda Extremadura”.

Para Ángel García Blanco, el auto conocido ayer «es la salida racional a una polémica generada por los colectivos ecologistas, incapaces de tener altura de mirar y mirar por el desarrollo de la región, poniendo siempre piedras a cualquier iniciativa que genere oportunidades y esperanzas laborales en una comunidad autónoma que necesita de ésta y otras iniciativas para aliviar su situación endémica de paro estructural y posibilidades laborales para nuestros jóvenes, que se marchan a miles de la región cada año porque no encuentran ningún futuro”.

Sin embargo, aquellos “que viven de las subvenciones y que son ecologistas de salón han buscado siempre en este tema el ‘amarillismo’ y publicitar una mala imagen de la zona, están cerca de hundir un proyecto que ha generado bienestar, fijación de la población rural e incluso grandes mejoras medioambientales en la zona, porque aquello siempre había sido hasta su construcción un secarral”. Y se pregunta: “¿Queremos que se extingan los pajaritos o queremos que se extingan nuestros jóvenes y emigren a otras regiones para poder ganarse la vida”.

En este sentido, García Blanco considera que “sólo desde la ceguera, los prejuicios y el sectarismo ideológico se pueden explicar los obstáculos que han puesto los ecologistas para el desarrollo turístico y empresarial en la zona” como así se ha podido constatar sólo con hablar con los alcaldes de las dos poblaciones afectadas, Berrocal y el Gordo, y los vecinos de ambas localidades, “encantados con el proyecto”.

Asaja Extremadura recuerda que el auto también alivia las situación de las arcas públicas de la Junta de Extremadura, y por lo tanto de los extremeños, porque sólo en indemnizaciones a los propietarios “nos hemos ahorrado todos como mínimo 145 millones”, además lo que costaba el derribo, estimado en otros varios millones de euros.

Ángel García Blanco se pregunta, por último, el destino de los 250.000 euros con los que según el auto hay que indemnizar a las dos asociaciones ecologistas, la mitad de ellos de libre disposición. “Nos encantaría que esas cantidades las donaran a las personas más necesitadas y que están sufriendo la crisis de la Covid-19, ya que no se ha visto a ningún ecologista realizar durante estos meses ninguna labor solidaria con la sociedad, o en todo caso también podrían destinar esa cuantiosa suma a iniciativas para mejorar el empleo en las numerosas zonas despobladas que desgraciadamente existen en la región”.