El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el decreto ley para la activación de la demanda en la Comunidad Autónoma de Extremadura tras la crisis sanitaria, cuyas medidas están dotadas con un presupuesto de 6,5 millones de euros en ayudas a los establecimientos comerciales.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, quien ha aclarado que esta nueva norma supone un primer conjunto de medidas para fomentar el consumo en la región, pero que en próximas reuniones del Consejo de Gobierno se adoptarán nuevos compromisos en esta materia.

Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado el decreto ley por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas adoptadas a causa de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid 19, cuyo contenido ha dado a conocer el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.

En relación con el decreto ley para activar la demanda, la vicepresidenta primera ha señalado que su finalidad es ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a los empresarios autónomos con el objetivo de que se incrementen los intercambios comerciales y las ventas, mejoren las cifras de negocios de las empresas y que a éstas se les dote de liquidez.

“De ahí que sea muy importante –ha añadido- apelar a los consumidores a que compren en el comercio de proximidad porque ésta es una línea orientada a fomentar el consumo”, al tiempo que ha recordado que los establecimientos comerciales que perciban las ayudas deberán aplicar los descuentos correspondientes a los clientes que acudan a adquirir sus productos.

El decreto ley contempla cuatro medidas: programa de ayudas en el comercio al por menor de textil y calzado (1.000 euros por persona beneficiaria y establecimiento); programa de ayudas en el comercio al por menor de muebles (2.000 euros por persona beneficiaria y establecimiento); programa de ayudas a la venta de aparatos electrodomésticos de alta eficiencia energética (6.000 euros por cada persona beneficiaria y establecimiento de venta); y programa de ayudas para la mejora de la eficiencia energética y accesibilidad en viviendas (6.000 euros por persona beneficiaria y cada uno de sus establecimientos).

Blanco-Morales ha detallado, además, los créditos contemplados para cada uno de los programas: 1,5 millones de euros para el de comercio al por menor de textil y calzado; 500.000 euros para el de comercio al por menor de muebles; 1,5 millones de euros para el de adquisición de aparatos electrodomésticos de alta eficiencia energética; y 3 millones de euros para el de mejora de la eficiencia energética y accesibilidad en viviendas.

RÉGIMEN SANCIONADOR

Por lo que respecta al decreto ley por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas adoptadas a causa de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid 19, el vicepresidente segundo ha señalado que esta norma “nace del aprendizaje”, ya que, ha dicho, ni la Ley de Salud Pública de ámbito nacional ni la autonómica estaban previstas para situaciones de riesgo colectivo como el que se ha vivido durante los últimos meses.

Por ello, ha indicado, las medidas adoptadas en el decreto ley suponen una modificación parcial de la Ley de Salud Pública de Extremadura del año 2011 y servirá ya “para cualquier crisis epidémica que se pueda desarrollar en la Comunidad Autónoma».

El decreto ley contempla un régimen sancionador que será aplicable cuando se incumplan las recomendaciones de las autoridades sanitarias con el objetivo de contener la pandemia, según ha explicado Vergeles.

Entre otros aspectos, se considerará a los profesionales sanitarios y de la salud pública como agentes de la autoridad y se contará con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero no solo del Estado, sino también los cuerpos de Policía Local, cuya labor tendrá especial importancia.

Las infracciones, según ha detallado Vergeles, se clasifican en leves, graves y muy graves, atendiendo a los criterios de riesgo para la salud pública.

La comisión de las infracciones tipificadas en el decreto ley dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones: en el supuesto de infracciones leves, multa de hasta 3.000 euros. En todo caso, la sanción por la falta de uso o uso inadecuado de la mascarilla será de 100 euros. En el caso de las infracciones graves, multa de 3.000 hasta 60.000 euros, y, en el caso de infracciones muy graves, multa de 60.000 hasta 600.000 euros.

El decreto ley se refiere también a otras cuestiones como los aforos, el deber del aislamiento de las cuarentenas, de otras medidas de protección como la higiene, y de la permisividad de los dueños, gestores o titulares de establecimientos de hostelería y ocio sobre el incumplimiento de las medidas.

Asimismo, se podrán imponer sanciones accesorias como el cierre de un local si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad comprueban que hay incumplimientos y que puede haber un riesgo muy importante para la Salud Pública.

MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha decidido modificar el acuerdo por el que se establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la entrada en la situación de “nueva normalidad”.

Los aspectos más importantes, según ha explicado José María Vergeles, son la adaptación de ese acuerdo al uso obligatorio de mascarillas, la apertura del aforo de los mercados al aire libre al cien por cien y la posibilidad de que, en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, si así lo deciden las autoridades locales, se puedan organizar verbenas, pero de forma similar a actos culturales, es decir, con espacio abierto, aforo limitado, sin permitir el baile social, con un circuito entrada y salida, desinfección del lugar y la inclusión de todas las medidas de seguridad, como soluciones hidroalcohólicas y uso de mascarillas.