A través de la Consejería de Educación y Empleo, se imparten anualmente 625 actividades formativas complementarias para niñas y niños de toda la región. Para su impartición, la Junta de Extremadura cuenta con alrededor de 400 monitores indefinidos discontinuos y el resto son contratados de manera temporal. Estas empleadas y empleados públicos desarrollan su actividad laboral desde el 1 de octubre hasta el 30 de mayo de cada año.

Según esto, desde USO indican que deberían haber iniciado su actividad laboral el pasado 1 de octubre, pero debido a la situación actual, se retrasó su incorporación hasta el pasado día 5. La situación se agrava cuando desde el día 5, han sido cerca de 100 monitores los que no han sido requeridos hasta la actualidad para reincorporarse a sus puestos de trabajo, pudiendo representar esta situación un tipo de despido recogido en sus contratos.

«La situación actual que están sufriendo viene provocada tanto por la pandemia que estamos sufriendo, como por el abandono sistemático que sufre este colectivo de trabajadores por la Administración autonómica año tras año. La situación actual es la guinda que pone en bandeja el despido de estos trabajadores a la Junta.

Para que estos trabajadores presten sus servicios, deben ofertarse sus actividades formativas en los diferentes centros educativos de toda la región y tener una demanda mínima de 6 niños por actividad formativa, algo que este año se antoja muy difícil con la situación que estamos viviendo, máxime cuando, en numerosos casos, son los propios centros educativos los que “desaconsejan” a los padres la matriculación de sus hijos en estas actividades al afirmar que no pueden asegurar su seguridad».

Además de esta situación, se da la circunstancia que, en no pocas situaciones, ha habido centros educativos en los que, en años anteriores, han pedido la eliminación de determinadas actividades formativas gratuitas impartidas por estos monitores y, en el curso siguiente, se han vuelto a ofertar a través de empresas y asociaciones, previo pago de la matricula correspondiente.

Ante esta situación, desde USO instan a la Junta a que aclare cual es la situación laboral de estos trabajadores y trabajadoras y que, si para este curso escolar será imposible su contratación debido a la ausencia de alumnos, se suspendan temporalmente sus contratos para evitar el despido y sean readmitidos para el próximo curso escolar, permitiéndoles que puedan formar parte de otras listas de esperas para contrataciones temporales en la Administración Autonómica.