La Asociación PILTEX (Personal Interino y Laboral Temporal de Extremadura) advierte que los procesos selectivos que el Ministro Iceta propone a las comunidades autónomas que pretende poner fin a los empleados públicos en situación de abuso «no cumple con el objetivo de la Directiva Europea 1999/ 70/ CE». El Gobierno ha propuesto modificar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), para atajar la situación abusiva de los empleados públicos temporales, mediante la limitación de interinidades a máximo tres años, amortizando las plazas ocupadas por interinos en caso de superar ese plazo.

Además, en su propuesta, el Gobierno central insiste en convocar procesos de selección como el concurso-oposición para estabilizar a los temporales. Ante la sospecha de que en la próxima conferencia sectorial de función pública se ratifique la propuesta del Gobierno central, PILTEx advierte que en el momento en que estos procesos selectivos sean convocados, se formalizarán querellas contra los responsables de Función Pública de Extremadura, siguiendo el camino de la Plataforma Interinos de Catalunya (PIC) y otras comunidades autónomas que han empezado este camino.

Asimismo, han recordado que, a día de hoy, ya existen diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han expuesto que estos procesos selectivos no son válidos para sancionar la situación de abuso de la temporalidad en los empleados públicos. Así, citan el auto del Tribunal de Justicia de la UE del 2 de junio de 2021, Asunto C-103/19, caso CGT, el cual apunta que «la organización de procesos selectivos destinados a cubrir de manera definitiva las plazas ocupadas provisionalmente por empleados públicos con una relación de servicio de una duración determinada, no resulta adecuada para prevenir la utilización abusiva de sucesivas relaciones de servicio de duración determinada».

El mismo auto, además, añade que «la antedicha normativa tampoco resulta adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de tales relaciones de servicio ni para eliminar las consecuencias de la Infracción del Derecho de la Unión, ya que su aplicación no tendría ningún efecto negativo para ese empleador». «Toda vez que estos procesos también están abiertos a candidatos que no hayan sido víctimas del abuso y no confieren a los empleados públicos víctimas de tal abuso ninguna garantía de adquirir la condición de personal fijo, no pueden constituir medidas que sancionen debidamente la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada», inciden.

Por ello, en el momento en que se convoquen los procesos selectivos que el Ministerio plantea, «se volverá a contravenir la normativa y jurisprudencia reiterada de la Unión Europea, no respetando el principio de primacía del Derecho de la Unión y, por ende, el principio de legalidad y jerarquía normativa».

«Se tiene previsto continuar con unos procesos que no sancionan el fraude de ley que llevan años cometiendo pero en el momento actual lo van a repetir a sabiendas de que están incumpliendo el ordenamiento jurídico comunitario, vulnerando los derechos de los trabajadores interinos, pudiendo con ello incurrir en un delito de prevaricación
administrativa del artículo 404 del Código Penal, que puede conllevar penas de inhabilitación para cargo público», ha incidido.

Ante tal situación, «tras realizar numerosas protestas durante este año, reunirse con todos los grupos parlamentarios, con el Presidente de la Junta y la Vicepresidenta I, de perseverar en la misma postura contraria a lo dictaminado por el Tribunal de Justicia de la UE, se estará obligando a acudir a la vía penal como ya se está haciendo en otras comunidades».