El Sindicato PIDE recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia desestimatoria de 21 de octubre del TSJEx de la reclamación planteada de la subida del 2% sobre la totalidad de los conceptos salariales de todos los Empleados Públicos de Extremadura en el año 2020.

«No entendemos la sentencia dictada por el TSJEx, ya que la Junta sí ha subido el 2%, nos lo está pagando parcialmente desde diciembre de 2020 aunque no lo ha pagado sobre todos los conceptos y nos adeuda 11 meses completos (de enero a noviembre de 2020)» señalan.

Como ya han anunciado, procederán a presentar Recurso de Casación ente la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, dado que el fallo desestimatorio no ha considerado que la Ley estatal, procedió al cumplimiento del II Acuerdo de 9 de marzo de 2018, firmado por el Gobierno, para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo de los Empleados Públicos.

Este Real Decreto Ley 2/2020, en su artículo 3.2, aprueba medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público y es una ley básica según su Disposición Final Primera, que se dicta al amparo de las competencias exclusivas atribuidas al Estado, por lo que es una subida preceptiva en cumplimiento del Acuerdo citado que indica textualmente: “Para el año 2020 la subida salarial será del 2%”

Esta subida salarial fue aplicada el pasado año por todas las Comunidades Autónomas, a excepción de la Comunidad de Extremadura, suponiendo, desde su punto de vista, «un agravio comparativo para los empleados públicos de nuestra región, que han sufrido de esta manera otro recorte salarial más, añadido a la minoración del 5% del salario que se efectuó con carácter general para todos los Empleados Públicos hace doce años (mayo de 2010) por el ex presidente Luís Rodríguez Zapatero, que todavía no se ha recuperado en ningún porcentaje. A esto hay que añadir las congelaciones de los salarios en los años posteriores, del también ex presidente Mariano Rajoy».

Por ultimo, esperan que el Tribunal Supremo tenga a bien dictaminar que no es posible incumplir, por parte de una autonomía díscola, los Acuerdos y las Leyes estatales de obligado cumplimiento para todos, y que en este caso afectan al salario de todos los empleados Públicos de Extremadura.