Tras más de un año de irregularidades, recursos y resoluciones judiciales, el proceso electoral de la Federación Hípica Extremeña (FHEx) ha pasado del ámbito deportivo al político.

La Comisión de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Asamblea de Extremadura abordó el pasado 14 de octubre la situación de esta federación, convertida ya en un símbolo de los fallos del sistema federativo autonómico.

Parte de la sesión giró en torno a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado socialista Julio César Rodríguez González:

¿Ha tomado alguna medida la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, en el ámbito de sus competencias, con respecto a la situación de la Federación Hípica Extremeña?

A partir de ahí, las intervenciones del diputado y del Director General de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro Barril, evidenciaron dos visiones opuestas de un mismo problema: la falta de control institucional frente a un proceso electoral plagado de irregularidades.

La posición del Director General

El Director General, Santiago Amaro Barril, comenzó su intervención calificando la situación como “compleja y delicada”.

Recordó que la federación sigue gestionada por una Comisión Gestora, y explicó que el Comité de Garantías Electorales paralizó el proceso electoral el 18 de noviembre de 2024, al amparo del artículo 21.2 del Decreto 214/2003.

En realidad, el proceso fue anulado a instancia de una denuncia presentada por un federado, y posteriormente la Dirección General de Deportes remitió un escrito a la Comisión Gestora instando al cumplimiento de la resolución del Comité y ordenando una nueva convocatoria de elecciones.

Amaro insistió en que su departamento ha actuado “en el marco de la legalidad”, ejerciendo las funciones que le confieren la Ley 2/1995 del Deporte de Extremadura, el Decreto 27/1998 y el propio Decreto 214/2003.

Subrayó que la Dirección General carece de competencias para resolver reclamaciones electorales, y que cualquier conflicto debe tramitarse a través de la Junta Electoral o el Comité de Garantías Electorales. Una vez agotada esta vía, solo quedaría el recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Por si alguien lo duda, eso ya implica un coste económico para los propios federados.

Añadió que confía en que “las elecciones se resuelvan debidamente”, descartando cualquier tipo de intervención directa.

La réplica del diputado Rodríguez González

El diputado Julio César Rodríguez González tomó la palabra de nuevo y enumeró los hechos que, según denuncian los federados, mantienen el proceso viciado desde su origen.

En lo que fue, en realidad, un resumen muy ajustado de los últimos meses de denuncias y alegaciones sobre la FHEx, citó una Junta Electoral impugnada, una gestora con un candidato elegible, una sede federativa que no coincide con la de los estatutos, notarios levantando actas ante posibles irregularidades y un voto por correo sin garantías ni transparencia.

El diputado recordó también el problema del censo electoral, alterado por la inclusión de una disciplina no reconocida, Doma y Faenas de Campo, utilizada para sumar votos y favorecer una candidatura.

“Señor Amaro, si un diputado ha tenido acceso a toda esta información, no me imagino todo lo que tiene que tener usted.”

Y prosiguió con una serie de preguntas directas:

“¿Ha pedido explicaciones al presidente? ¿Puede afirmar en sede parlamentaria que el proceso está siendo limpio? ¿Se ha reunido con los federados que llevan meses solicitando encuentros? ¿Por qué calla ante un proceso prácticamente idéntico al que ya fue paralizado?”

Rodríguez González cerró su intervención recordando que la Ley del Deporte ofrece mecanismos suficientes —advertencias, sanciones, suspensión de subvenciones o incluso la intervención de una federación— y reclamó decisiones políticas, no excusas jurídicas.

La contrarréplica de Amaro

El Director General respondió brevemente que “su primera intervención no había sido escuchada” e insistió en los límites legales de su actuación.

Reiteró que su departamento no tiene competencias para intervenir en procesos electorales federativos y que cualquier reclamación debe resolverse “por los cauces reglamentarios”.

Finalizó expresando su confianza en que el proceso “se resuelva conforme a derecho” y derivó su intervención hacia un balance positivo del deporte federado extremeño y de la inversión pública en el sector.

Datos todos halagüeños, pero que convendría repasar a fondo: en algunos casos, el problema no son los fondos que se destinan, sino qué hacen las federaciones con ellos.

Un cierre sin respuestas

Lo que parece que no ha tenido en cuenta el señor Amaro en su intervención es que los cauces que indica para la resolución de alegaciones han terminado por alargar el proceso sin ofrecer una solución efectiva.

Las reclamaciones se presentan ante la Junta Electoral, pasan al Comité de Garantías Electorales y derivan en nuevos recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que mantiene el proceso bloqueado desde hace más de un año.

Conviene recordar que la Ley 2/1995, de 2 de abril, del Deporte de Extremadura, establece en su artículo 5.3 que corresponde a la Junta de Extremadura garantizar el cumplimiento de los objetivos y finalidades de las entidades deportivas, así como el de las normas sobre conducta, disciplina deportiva y materia electoral.

Y el último párrafo del capítulo primero añade que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma deberán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar la efectividad y el cumplimiento de los principios y objetivos de la Ley.

Por tanto, no se trata de falta de competencias, sino de falta de voluntad.
La norma no impide actuar: lo exige.

La Dirección General sigue amurallada tras unos límites competenciales no del todo claros, mientras el diputado reclama una implicación política que, de momento, no llega.

Entre leyes, decretos y comités, los federados siguen esperando un proceso electoral limpio y transparente.

En este asedio no hacen falta murallas: bastan los silencios y los despachos para mantener a los federados atrapados, esperando que alguien, algún día, levante el sitio.

Celia Oribe