El Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE, mayoritario en la educación pública extremeña solicitó en enero por registro a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional elaborar un protocolo para afrontar los fenómenos atmosféricos adversos para que, de manera automática, los centros puedan tomar de manera autónoma, ágil y eficiente cualquier decisión para garantizar la integridad de alumnos, docentes y resto de la comunidad educativa. Este protocolo debería contemplar el cierre de centros educativos en situaciones de alerta o de previsión de alerta naranja o superior en la zona o zonas de influencia o cercanía. No se ha hecho nada al respecto. Aunque los centros pueden aplicar las medidas extraordinarias en circunstancias meteorológicas excepcionales establecidas en el Calendario Escolar 2025/2026, éstas son insuficientes. Ya que para que los centros puedan aplicarlas debe existir un nivel de riesgo 1 (amarillo) de la AEMET.

Debemos recordar que en Extremadura durante los meses de mayo, junio y septiembre sufrimos temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, no cumpliéndose las condiciones mínimas laborales establecidas al no estar acondicionados nuestros centros educativos para afrontar las altas temperaturas, agravándose el intenso bochorno estival por la elevada ratio por aula y por los equipos informáticos de los alumnos y el docente, lo que impide el desarrollo normal de las clases y hace recomendable reducir el horario de permanencia en los centros educativos.

El problema de las condiciones ambientales en nuestra aulas no es nuevo, desde PIDE han solicitado reiteradamente en todas las negociaciones del calendario escolar que se paliara parcialmente el problema con la reducción de jornada, lo que siempre hemos llamado canículas y que el Ministerio aplicaba en Extremadura en los meses de junio y septiembre antes de ceder las competencias, al igual que en otras comunidades que con temperaturas inferiores a las de nuestra región se aplica de forma normalizada.

Por ello, debemos recordar que el Real Decreto 486/1997 establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud que tienen que cumplir los centros de trabajo regulando que en lugares donde se desarrollen trabajos sedentarios, entre los cuales están las aulas, la temperatura tiene que estar comprendida entre 14º y 27º centígrados (entre 17º y 24º en invierno y entre 23º y 27º centígrados en verano):

Para PIDE, “ni los docentes ni los alumnos deben estar expuestos a temperaturas inferiores o superiores por el riesgo para la salud que supone la exposición a estas temperaturas”. Este calor extremo en las aulas, con el consiguiente incumplimiento de la normativa laboral vigente, permite la interposición de denuncias contra la Consejería de Educación por los afectados:

– Los trabajadores, de los 730 centros educativos de Extremadura, ante la Inspección de Trabajo.

– Los padres cuyos hijos sufran golpes de calor, con el parte médico ante el juzgado de guardia, por un presunto delito contra la salud pública.

– Las AMPAS a través de los consejos escolares de los centros contra la Administración.