CCOO de Extremadura ha votado en contra del Dictamen del Consejo Económico y Social de Extremadura sobre el Anteproyecto de Ley de reconocimiento de la Universidad Abierta de Extremadura, porque, aunque este es desfavorable a la llegada de esta universidad privada, no refleja con suficiente contundencia los riesgos que supone la implantación de una nueva universidad privada en nuestra comunidad.

CCOO defiende la educación superior como un servicio público y considera que la universidad pública extremeña cubre las necesidades de la región con unas exigencias de calidad, equidad y universalidad que no puede cumplir ninguna entidad privada, cuyos intereses son básicamente económicos.

El voto desfavorable al Dictamen de CCOO de Extremadura al dictamen del CES señala que este no deja totalmente establecido que el interés general de Extremadura exige priorizar el fortalecimiento del sistema universitario público y evitar decisiones que puedan incrementar la competencia por un alumnado cada vez más reducido.

Para el sindicato, es fundamental dejar claro que la política universitaria de Extremadura debe orientarse a consolidar y poner en valor la Universidad de Extremadura como instrumento esencial para el progreso económico, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades de la ciudadanía extremeña.

Actualmente no hay una oportunidad real para la implantación de una institución universitaria de carácter privado en Extremadura. La documentación incorporada al expediente no acredita la existencia de una demanda social en Extremadura que justifique la creación de una nueva universidad privada. Por el contrario, el propio Dictamen pone de manifiesto que el informe de necesidad y oportunidad no realiza un análisis riguroso de las necesidades formativas de la Comunidad Autónoma ni identifica las carencias del actual sistema universitario que esta universidad venga a resolver.

Por otro lado, CCOO comparte plenamente la preocupación expresada por la Universidad de Extremadura respecto al escaso impacto territorial de un modelo íntegramente virtual. Una universidad sin implantación presencial significativa difícilmente contribuirá a generar empleo estable y cualificado en la región, ni impulsará la investigación, la transferencia de conocimiento, la innovación o la dinamización del tejido económico y social extremeño.

Desde CCOO se viene reclamando desde hace tiempo una moratoria en la creación de nuevas universidades privadas y un endurecimiento de los requisitos exigibles para su creación y funcionamiento, precisamente para garantizar que la calidad académica, investigadora y docente sea equiparable a la exigida al sistema público universitario.

A ello debe añadirse que Extremadura atraviesa una situación especialmente delicada desde el punto de vista demográfico y universitario. La Universidad de Extremadura ya viene experimentando una disminución sostenida del número de estudiantes, sin que hasta la fecha existiera competencia alguna por parte de universidades privadas en nuestra comunidad autónoma.

La prioridad de la administración pública debería ser reforzar la Universidad de Extremadura como institución vertebradora del territorio, motor de investigación, innovación, transferencia de conocimiento y cohesión social. La universidad pública constituye uno de los principales activos estratégicos de nuestra Comunidad Autónoma y ha demostrado durante décadas su compromiso con la igualdad de oportunidades, la formación de futuros profesionales y el desarrollo regional.

No debe olvidarse además que la universidad pública extremeña ha soportado durante años un contexto de infrafinanciación que limita su capacidad de crecimiento y modernización. Como ha denunciado reiteradamente CCOO, la expansión continuada de universidades privadas en España coincide con un progresivo debilitamiento financiero del sistema universitario público. Antes de favorecer la incorporación de nuevas universidades privadas, la administración debería garantizar una financiación suficiente, estable y previsible para la universidad pública, reforzando su capacidad docente, investigadora y de transferencia del conocimiento.