El Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE, mayoritario en la educación pública ha solicitado por registro a la consejera de Educación que se reúna la Comisión Regional para la Actualización de la red de Centros de Extremadura por la necesidad de actualizarla e implantar
los centros previstos.

La actual red de centros educativos de Extremadura fue aprobada por el Ministerio de Educación en 1996 y actualizada entre 1999 y 2001, coincidiendo con la transferencia de las competencias educativas a la comunidad, constituyéndose en el 2009 la Comisión Regional para la Actualización de la red de Centros de Extremadura por la necesidad de actualizarla e implantar los centros previstos.

La reunión constituyente de la Comisión Regional para la actualización de la Red de Centros de Extremadura del 16 de noviembre de 2009 se estableció en sus principios de actuación la planificación de la red de centros, responsabilidad de la Administración educativa bajo el principio indispensable de la equidad, que imparten enseñanzas gratuitas en el marco de la participación consultiva de todos los agentes educativos para asegurar una red de centros adecuada a las necesidades educativas del alumnado.

La Comisión Regional para la red de Centros de Extremadura no se reúne desde el año 2014 y tiene entre sus funciones conocer e informar de las propuestas de modificación de la actualización de la red de centros, previa propuesta técnica de la Delegación Provincial, por lo que la Consejería de Educación y Empleo al no convocarla incumplió su normativa al trasladar centros, eliminar unidades y fusionar centros públicos (por ejemplo: el traslado de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura de Cáceres o anteriormente el traslado del CEIP Ortega y Gasset en lugar de la creación de un nuevo CEIP en Almendralejo o el cierre del CEIP Juan XXIII de Mérida).

Por lo que consideran indispensable que se convoque la Comisión Regional para la actualización de la Red de Centros de Extremadura para revisar las necesidades de los centros educativos públicos y, ante la caída de matriculación en los últimos cursos académicos, se proceda a retirar la autorización a los conciertos innecesarios en centros privado-concertados.