El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha señalado que la situación por la que atraviesa el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) es "muy difícil", y ha incidido en que "el reto" de la Junta es "restaurar" la Ley de la Dependencia, porque la paralización de esta norma supone "un retraso".

Vergeles ha añadido que el Ejecutivo extremeño entiende que es "muy importante" la restauración de esta ley, que según ha apuntado fue "paralizada" a través de dos decreto ley de los años 2011 y 2012, y que han supuesto "un retraso en la incorporación de las personas con un grado de dependencia 1".

De esta forma lo ha trasladado a los medios de comunicación el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, en una rueda de prensa celebrada este lunes, día 4, en Mérida, y durante la cual ha señalado también que la situación actual en la que se encuentra el Sepad es "fruto de un recorte" en este servicio "durante los últimos cuatro años", en alusión a la gestión realizada por el PP.

Restaurar en Extremadura la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia es el reto que se plantea la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, según ha afirmado el consejero José María Vergeles.

El consejero ha comparecido ante los medios de comunicación, acompañado por la directora gerente del SEPAD, Consolación Serrano, para hacer un balance de lo que considera cuatro años de recortes y de paralización de esta ley.

En este balance, José María Vergeles, ha dicho que Extremadura alcanzará al cierre de 2015 un número superior a los 22.000 beneficiarios de la Ley de la Dependencia y ha comparado el ritmo de solicitudes de los primeros 6 meses del año (una media de 5 diarias), con las de los últimos seis meses (una media de 12 al día) para resaltar el esfuerzo realizado por la Junta de Extremadura en estos meses y la confianza que los ciudadanos han depositado en la nueva administración autonómica. Esfuerzo al que debe añadirse la “prioridad” de incorporar a las personas con grado 1 de dependencia.

En ese sentido, ha manifestado que a 2 de noviembre de 2015 se contabilizaban 9.083 personas valoradas en ese grado 1, de las que 814 están ya recibiendo servicios, fundamentalmente de ayudas al entorno. A atender al resto “nos estamos dedicando de forma prioritaria”, ha dicho Vergeles.

RECORTES Y PARÁLISIS

La Ley de Atención a la Dependencia, aprobada en 2006, fue un hito en los derechos de protección a las personas en situación de dependencia y es el origen de la creación del servicio extremeño para atenderlas, el SEPAD.

Vergeles ha calificado de “parálisis” la aplicación de esta ley en los últimos cuatro años. Concretamente, ha explicado, como consecuencia de dos reales decretos-ley, de 2011 y 2012, que provocaron el retraso en la incorporación de las personas con grado 1, la ampliación del plazo de tramitación de 6 a 24 meses, el aumento del copago de los servicios, la disminución de la intensidad en las horas de las ayudas a domicilio, la rebaja de las cuantías económicas (una media de 120 € por persona) o la eliminación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadores no profesionales.

Además el recorte anual de la aportación del Estado a la dependencia en Extremadura ha sido de 34 millones de euros, al haberse producido una quiebra en el porcentaje de financiación (50% la autonomía y 50% el Estado).

“Ahora, la aportación de Extremadura y de sus ciudadanos es muy superior a la del Estado, algo que no se ha corregido en los presupuestos generales del gobierno de España para 2016”, ha resumido el consejero.

Por ello, ha recordado que el proyecto de presupuestos de la Junta de Extremadura incrementa en 5 millones de euros la financiación del SEPAD, hasta un total de 298 millones de euros, y confía en que los grupos parlamentarios alcancen un acuerdo sobre los Presupuestos de la Comunidad.

Vergeles ha anunciado también que hoy va a registrar una comparecencia a petición propia en la Asamblea de Extremadura para solicitar de los grupos parlamentarios un pacto para reestablecer la Ley de la Dependencia y exigir al Gobierno de España la derogación de esos dos reales decretos que han llevado a la paralización de la mencionada Ley.