Hace más de 3 años que el colectivo de trabajadores temporales comenzó su lucha por la adquisición de los derechos que en 1999 estableció la Unión Europea a través de la Directiva 1999/70, acompañada de la formal queja a la Junta de Extremadura por el incumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público. En la primera se aboga por la estabilidad laboral de los ciudadanos y ciudadanas europeas y en el segundo queda establecida la imposibilidad de perpetuar las interinidades por un plazo superior a 3 años, así como la obligación de sacar anualmente a oposición las plazas ocupadas por el personal temporal. Desde PILTEx señalan que la primera lleva incumpliéndose 22 años y el segundo ha sido incumplido desde su aprobación.

En estos últimos tres años este personal asociado bajo las siglas de PILTEx, asesorados por diferentes abogados y apoyados por el sindicato USO, ha solicitado a la Junta de Extremadura la regularización de su situación a través de numerosas reuniones con el Presidente, Consejera, Directora General y miembros del propio Gobierno del PSOE.

PILTEx indica que desde el primer momento la negativa al reconocimiento de la Directiva Europea y al artículo diez, apartados uno y cuatro, del mencionado Estatuto ha sido rotunda. Así, las demandas de los trabajadores y trabajadoras de las diversas administraciones de lo que se ha convertido ya en una problemática nacional han llegado a la Comisión europea, quien investiga las actuaciones del Gobierno nacional y autonómico.

La presión ejercida desde Europa a través de la posible retirada de fondos llevó a la aprobación de la Ley 20/2021, BOE de 29 de diciembre pasado, que tiene como pretendido objeto el de solucionar la temporalidad abusiva en nuestro país.

PLTEx señala que «la Junta de Extremadura fiel a su propósito de quitarse de encima al mayor número de temporales posible, publicó descaradamente los días 21 y 22 del mismo mes el inicio de los procesos selectivos en los que se ofertan 871 plazas para la Administración General y 375 para el Servicio Extremeño de Salud. La mayor oferta desde hace más de 10 años».

La asociación PILTEX ve este hecho como «una clara declaración de intenciones, un verdadero ajuste de cuentas para todos aquellos que han presentado oficialmente las reclamaciones ante la Administración y los juzgados. No entienden cómo la Administración regional, en una nueva huida hacia delante, pretende seguir con su plan, importándole poco o nada los elevados costes que las arcas públicas deberán desembolsar en concepto de la indemnización por cese que fue aprobada por el Real Decreto-ley 14/2021».

“Estos costes – estiman desde la Asociación – siendo muy prudentes y tirando por lo bajo, costará al erario público extremeño la friolera de más de 16 millones de euros en indemnizaciones a quienes sean cesados en virtud de estas nuevas convocatorias. Unos costes que llegan en los precarios tiempos que todos conocemos. Y que parece que a nuestros dirigentes les importa poco, ya que saldrá del bolsillo de todos”.