La portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Soraya Vega, ha vuelto a poner sobre la mesa la preocupación creciente del PSOE por la deriva en materia de derechos de las mujeres por parte del Gobierno regional del Partido Popular y su falta de compromiso con la Ley Orgánica 1/2023, que regula el derecho a la salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo.

“Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Esto no es una opinión, es un hecho reconocido a nivel internacional. Hablamos del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, sobre la maternidad, a recibir educación sexual integral, a acceder a métodos anticonceptivos y, por supuesto, a abortar en condiciones de seguridad en el sistema público de salud”, ha afirmado Vega. “Y, sin embargo, en Extremadura, hoy por hoy, ese derecho no se garantiza. Y no es casualidad”.

La diputada socialista ha denunciado que en 2023 no se practicó ni un solo aborto en el Sistema Extremeño de Salud, siendo Extremadura, junto a Ceuta y Melilla, la única comunidad autónoma en esta situación. “Esto significa que todas las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo fueron derivadas a clínicas privadas. Una vulneración clara del espíritu y la letra de la ley”, ha explicado.

Vega ha recordado que el Partido Popular lleva décadas oponiéndose activamente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “Lo hicieron en 1985 con Fraga al frente, lo hicieron en 2010 votando en contra y recurriendo la ley del aborto al Tribunal Constitucional, lo intentaron en 2014 con la reforma de Gallardón, y todavía en 2023 mantenían ese recurso vivo. Trece años de incertidumbre para las mujeres, resueltos solo cuando el Tribunal Constitucional desestimó su recurso”, ha detallado.

La socialista ha denunciado que, aunque el Gobierno de María Guardiola pareció comprometerse hace un año con el cumplimiento de la ley, esa voluntad ha quedado en papel mojado. “Hace apenas un mes votaron en contra de una propuesta de la oposición para que en 2025 Extremadura contara con un *registro de objetores de conciencia*, que permitiera organizar adecuadamente la prestación del servicio. No hay excusas. El Ministerio de Sanidad ha proporcionado el protocolo, solo falta voluntad política”, ha afirmado con contundencia.

“Mientras tanto, sus portavoces hablan de comités de expertos en bioética que ni aparecen en la ley. Es una maniobra de distracción más. Se trata de dilatar, entorpecer y bloquear un derecho reconocido”, ha añadido Vega.

La diputada también ha criticado el doble discurso del Partido Popular en fechas como el 8M: “Cinco días después de vestirse de morado para la foto, votan en contra de la salud sexual de las mujeres. Eso no es feminismo. Ser mujer no le convierte en feminista, señora Guardiola, como tampoco a quienes ocupan carteras con competencias en igualdad. El feminismo se demuestra con hechos, con leyes y con políticas públicas. Y ustedes, hoy por hoy, no las están cumpliendo”.

Por todo ello, Soraya Vega ha concluido con una exigencia clara al Gobierno regional: “No les pedimos que compartan nuestras convicciones. Les exigimos que cumplan la ley. Los derechos de las mujeres no son opcionales ni negociables. Y Extremadura no puede seguir siendo una excepción. Este grupo parlamentario no va a parar hasta que las mujeres extremeñas tengan garantizados sus derechos sexuales y reproductivos en el sistema público, como marca la ley y como merecen”.