El secretario general de FAC-USO, Javier Toro, y la responsable de Comunicación e Internacional, Lucía Nieto, mantuvieron en Granada una importante reunión de trabajo con la presidenta de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU), Françoise Geng.

El encuentro se centró en una de las prioridades sindicales de FAC-USO en los últimos años: la lucha contra la temporalidad estructural y abusiva que padecen miles de empleados públicos en nuestro país.

Durante la reunión, celebrada en el marco de las relaciones internacionales impulsadas por nuestra organización, FAC-USO hizo entrega del informe técnico sobre la temporalidad en el empleo público en España, un documento que expone, con rigor jurídico, datos actualizados y propuestas concretas la gravedad del problema que afecta ya a más de 800.000 trabajadores públicos en nuestro país, muchos de ellos en situación de fraude de ley.

Un problema estructural con dimensión europea
Tal y como detalla el informe, la tasa de temporalidad en las administraciones públicas españolas duplica la del sector privado y se mantiene en torno al 30%.

En algunos sectores como la sanidad, la educación o los servicios sociales, este porcentaje supera el 50%, generando precariedad crónica y una merma evidente en la calidad del servicio público.

FAC-USO ha querido trasladar directamente a la presidencia de EPSU que este no es un problema coyuntural, sino una anomalía estructural sostenida en el tiempo por la inacción de las distintas administraciones y la falta de voluntad política para abordar una solución justa, efectiva y conforme al Derecho de la Unión Europea.

Intervención del TJUE y ausencia de soluciones eficaces 
El informe entregado a EPSU analiza en profundidad las sentencias dictadas en los últimos años por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha reprendido reiteradamente a España por su uso abusivo de contratos temporales para cubrir necesidades estructurales.

Durante la reunión, FAC-USO solicitó formalmente a EPSU que se pronuncie de manera clara sobre esta situación y apoye, en nombre de los más de ocho millones de trabajadores públicos a los que representa en Europa, la demanda de una solución justa para los interinos españoles en situación de fraude de ley.

También solicitamos la inclusión del caso español en los foros europeos sobre empleo público y la exploración de vías de interlocución con la Comisión Europea para evaluar un posible procedimiento de infracción.

Convocatoria del Grupo del Mediterráneo
Como primer paso para seguir difundiendo este informe y construir alianzas a nivel internacional, FAC-USO ha anunciado que convocará en los próximos días una reunión del Grupo del Mediterráneo de EPSU, del que forma parte junto a sindicatos de Italia, Grecia, Portugal y otras organizaciones del arco mediterráneo.

El objetivo será compartir el diagnóstico presentado por FAC-USO, analizar puntos comunes en materia de empleo público y precariedad, y avanzar en una posible declaración conjunta que refuerce la presión sindical sobre las autoridades españolas y europeas.