La Junta de Extremadura señala que no puede asumir, de momento, la subida salarial del 2 por ciento para los empleados públicos debido a las actuales circunstancias derivadas de crisis sanitaria que han provocado una caída de la recaudación y un gasto sanitario sobrevenido.

Así se lo ha trasladado la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, a todas las organizaciones sindicales con representación en los tres ámbitos: Administración General, SES y docentes.

La vicepresidenta primera ha mantenido que nos enfrentamos a una crisis inédita y de alcance desconocido, motivo por el cual la Administración extremeña tiene que priorizar y atender las necesidades básicas y esenciales de todos los ciudadanos, en especial de aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad.

La titular de Hacienda ha asegurado que es preciso hacer un ejercicio de previsión realista y ser transparentes y honestos con el impacto de esta crisis, y buscar la mejor solución para los problemas de todos los sectores, cada uno con sus justas reivindicaciones.

En este sentido, Blanco-Morales ha explicado que la previsión de la caída de la recaudación, según datos del Ministerio de Hacienda, ascenderá a 9.500 millones de euros, lo que supone una caída del PIB del 9´2 por ciento, un descenso optimista según avalan organismos como la AIREF, el Banco de España y FMI, que lo sitúan por encima del 12 por ciento.

Esto significa para Extremadura una pérdida de recaudación superior a 260 millones de euros del Sistema de Financiación Autonómico. A este desfase habrá que sumar el descenso de recaudación por tributos propios (40 millones aproximadamente), lo que se traduce en un déficit para 2020 superior al 1´5 por ciento.

Una cuestión surgida apenas un mes y medio después de la aprobación de los Presupuestos Generales de Extremadura para 2020, y a la que hay que sumar los nuevos gastos que tiene que asumir la Comunidad Autónoma en el ámbito sanitario y sociosanitario y que, actualmente, supera los 70 millones de euros.

La vicepresidenta primera ha mantenido su voluntad para el diálogo y la negociación con las organizaciones sindicales cuando el Ejecutivo extremeño disponga de elementos sólidos de cómo va a ser la situación y conocer realmente cuáles van a ser los recursos de los que dispone la Comunidad Autónoma.

Por último ha recordado que, entre 2016 y 2019, la Junta de Extremadura ha incrementado en más de 200 millones las retribuciones de sus empleados públicos.

PIDE indignado porque no se concreta la subida salarial del 2% prometida por el Gobierno de Extremadura

Desde el Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE, están indignados porque, finalmente, los docentes extremeños no cobrarán la subida salarial del 2% prometida por la Vicepresidenta del Gobierno de Extremadura.

Desde PIDE consideran este anuncio «un atropello más. Recordamos que el resto de comunidades están cobrando dicha subida y que, además, la Consejera de Hacienda y Administración Pública se comprometió a subir el 2% a todos los empleados públicos extremeños igual que el resto de funcionarios públicos de España.

La Junta de Extremadura sigue maltratando salarialmente a los docentes y al resto de los empleados públicos.
Extremadura se convierte en la única CCAA que no va a aplicar la subida pactada del 2% a sus funcionarios públicos. Una decisión unilateral de la Junta de Extremadura que supone una merma más en el poder adquisitivo de los funcionarios. Según estudios de este Sindicato estamos percibiendo unos 665,64 € menos anualmente que lo que cobrábamos en 2010, lo cual si además tenemos en cuenta los datos del IPC del periodo 2010-2020 hemos perdido un 12,5% y llevamos una pérdida acumulada de un 20% de poder adquisitivo.

Desde la Consejería hacen derroches innecesarios con los que podrían disponer de la liquidez necesaria para asumir el pago del 2% comprometido, mantener las plantillas docentes, implantar la carrera profesional, mantener la reducción horaria de mayores de 55 años en todos los niveles educativos no universitario y un largo etcétera; por ejemplo suprimiendo, entre otras cosas, las contrataciones a dedo de asesores de las empresas públicas o suprimiendo los conciertos educativos con los centros privados que cuestan 82 millones de euros al año (sin contar con otras ayudas de programas diversos que reciben). Con estas pocas medidas se equilibrarían los presupuestos para hacer frente a todos los compromisos adquiridos y pagos pendientes».