El sindicato USO Extremadura valora la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), de 14 de abril de 2026 (asunto C-418/24), como un hito decisivo en la lucha contra el abuso de la temporalidad en el empleo público en España. Esta resolución analiza el cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE y concluye de forma clara que el modelo español no ofrece una respuesta adecuada, efectiva ni disuasoria frente a este problema estructural.

El TJUE establece que las principales herramientas utilizadas hasta ahora en España no cumplen con las exigencias del Derecho de la Unión Europea. En particular, señala que la figura del indefinido no fijo no constituye una sanción válida, al mantener al trabajador en una situación de precariedad; que las indemnizaciones tasadas, incluso en sus cuantías más elevadas, no garantizan una reparación íntegra ni tienen carácter disuasorio; y que los procesos de estabilización no aseguran la permanencia de las personas que han sufrido el abuso. Asimismo, cuestiona la eficacia del régimen de responsabilidad de la Administración cuando resulta meramente teórico o de difícil aplicación práctica.

Esta sentencia supone un cambio sustancial en el panorama jurídico español, al debilitar la doctrina del indefinido no fijo como solución judicial estándar, poner en cuestión la suficiencia de las indemnizaciones actuales y limitar el alcance de los procesos de estabilización como mecanismo corrector. En este nuevo escenario, se refuerza la exigencia de que las medidas adoptadas frente al abuso de la temporalidad sean reales, efectivas, proporcionadas y verdaderamente disuasorias, abriendo la puerta a un replanteamiento profundo de las soluciones jurídicas existentes.

Desde USO Extremadura se destaca que esta resolución viene a respaldar la línea de actuación que el sindicato mantiene desde el año 2018, basada en la denuncia de la precariedad estructural en las Administraciones Públicas y en la defensa activa de los derechos de los empleados públicos en situación de abuso. En este tiempo, USO ha impulsado una estrategia jurídica sostenida, con más de 600 demandas de fijeza
presentadas, orientadas a lograr una solución real conforme al Derecho de la Unión Europea.

El sindicato considera que la sentencia del TJUE refuerza de manera significativa la seguridad jurídica de las reclamaciones en curso y aporta nuevos argumentos para continuar la defensa de las personas afectadas. Asimismo, subraya la necesidad de que el ordenamiento jurídico español adopte una respuesta estructural que garantice la estabilidad en el empleo público y ponga fin a la temporalidad abusiva.

USO Extremadura continuará intensificando su acción sindical y jurídica, utilizando esta base jurídica para avanzar en la erradicación de la precariedad laboral, acabar con la inestabilidad estructural y garantizar el derecho a un empleo público estable y digno. La organización reafirma su compromiso con la defensa de los trabajadores y trabajadoras del sector público y con la consecución de soluciones reales que se ajusten plenamente a los estándares europeos.

Foto: Europa Press